El borrador del Real Decreto que modifica la prestación CUME inquieta a más de 17.000 familias. Aunque amplía coberturas y patologías, las asociaciones temen que los nuevos controles y exigencias dejen fuera a quienes ya dependen de esta ayuda.
El borrador del Real Decreto que redefine la prestación por cuidado de menores con cáncer u otra enfermedad grave (CUME) ha encendido las alertas en más de 17.000 hogares españoles. El texto, actualmente en fase de audiencia pública, introduce avances largamente reclamados, pero también endurece los requisitos de acceso y renovación, generando incertidumbre entre las familias que dependen de esta ayuda para conciliar el cuidado de sus hijos con la vida laboral.
Entre las novedades más relevantes, el proyecto incorpora el Trastorno del Espectro Autista como patología protegida, una demanda histórica de colectivos como Autismo España. Además, se amplía el reconocimiento a enfermedades graves que requieren atención domiciliaria, equiparando estos casos a los ingresos hospitalarios. También se prevé alargar los periodos de concesión y prórroga, lo que podría reducir la frecuencia de trámites para las familias.
Sin embargo, las asociaciones advierten que el borrador introduce obstáculos que pueden dejar fuera a quienes ya reciben la prestación. Uno de los puntos más controvertidos es la exigencia de informes médicos más detallados, firmados por especialistas del sistema público. Muchas familias temen que esta condición complique la renovación, especialmente en zonas donde el seguimiento habitual lo realiza el pediatra o el médico de familia, y no un especialista hospitalario.
Controles y criterios más estrictos
El texto sustituye el criterio de cuidados “directos, continuos y permanentes” por la referencia a cuidados “médicos y clínicos”, lo que, según ASFACUME, podría excluir a menores que requieren atención constante pero no estrictamente sanitaria. Además, se establece una revisión obligatoria cada dos años por parte de la Inspección Médica del sistema público de salud. Las familias no rechazan el control, pero temen que este nuevo filtro incremente la burocracia y la inseguridad sobre la continuidad de la ayuda.
Lía Sánchez, madre afectada y portavoz de familias en CUME, resume la preocupación: “Estamos muy angustiadas porque el borrador introduce conceptos ambiguos y cambios que pueden afectar a quienes ya tienen reconocida la prestación”. La inquietud se extiende por toda España, donde la CUME es esencial para quienes han tenido que reducir su jornada y salario para cuidar a sus hijos.
Audiencia pública y margen para cambios
El Ministerio defiende que la reforma busca adaptar la prestación a la realidad clínica actual, reforzar la seguridad jurídica y mejorar la gestión. Sin embargo, las familias insisten en que algunas modificaciones pueden tener el efecto contrario y reclaman que se garantice la continuidad de la ayuda mientras persista la necesidad de cuidados. El proceso de audiencia pública permite que asociaciones y particulares presenten alegaciones antes de la aprobación definitiva.
La preocupación por el futuro de la CUME se suma a otros debates sobre el sistema de prestaciones sociales en España. Por ejemplo, el reciente aumento del gasto en subsidios para mayores de 52 años, como se analiza en este reportaje sobre el impacto de las reformas en el subsidio de desempleo, muestra cómo los cambios normativos pueden tener consecuencias inesperadas para miles de familias.
En este contexto, la reforma de la CUME pone sobre la mesa el reto de equilibrar la ampliación de derechos con la necesidad de evitar nuevas barreras de acceso. El desenlace dependerá de si el texto final logra mantener la protección para quienes más la necesitan, sin añadir obstáculos que compliquen aún más la vida de las familias afectadas.
