La Generalitat Valenciana endurece el acceso a vivienda pública con criterios de arraigo. Militares y profesionales con alta movilidad alertan de posibles exclusiones. El cambio afecta ayudas sociales y becas.
La aprobación de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026 ha introducido un giro relevante en el acceso a la vivienda pública. El gobierno autonómico, liderado por Juan Francisco Perez Llorca, ha aceptado casi todas las enmiendas de Vox, incluyendo la implantación del principio de prioridad nacional, aunque adaptado a la legalidad vigente bajo el concepto de arraigo. Esta medida, inspirada en propuestas de la extrema derecha francesa, establece que tendrán preferencia quienes acrediten un vínculo real, duradero y verificable con la Comunidad Valenciana.
El nuevo sistema exige a los solicitantes demostrar un empadronamiento histórico tanto en la región como en España, así como lazos económicos, sociales, familiares y laborales. Entre los criterios figuran la trayectoria de cotización, la actividad profesional y la presencia de familiares de primer grado en la comunidad. Vox ha manifestado abiertamente su intención de que los españoles tengan prioridad en el acceso a la vivienda pública y otras ayudas sociales, como becas de comedor o guardería, presionando para que las bases de las convocatorias releguen en la práctica a los extranjeros.
Sin embargo, la aplicación estricta del arraigo genera situaciones paradójicas. Si este criterio prima sobre los factores socioeconómicos, podría darse el caso de que un español en situación vulnerable quede fuera de las ayudas frente a un extranjero con mayor antigüedad en la región. Además, colectivos con alta movilidad geográfica, como los militares, han mostrado su preocupación. Las asociaciones representativas del sector advierten que los cambios de destino, obligatorios por ley, dificultan cumplir los cinco años de empadronamiento requeridos para acceder al alquiler social y hacen casi imposible alcanzar los diez años exigidos para la compra de vivienda pública.
El problema se agrava en proyectos como el nuevo acuartelamiento de Monte la Reina en Zamora, donde se instalarán unos 1.400 militares y sus familias, la mayoría sin arraigo previo en la zona. Una situación similar se observa en la base logística de Córdoba. Las ayudas actuales de Defensa para vivienda no cubren los elevados precios del mercado y tienen una duración limitada. Además, cerca del 10% de los soldados en unidades operativas son extranjeros, principalmente de países latinoamericanos, lo que añade una dimensión adicional al debate sobre discriminación y acceso a derechos sociales.
El endurecimiento de los requisitos de arraigo no solo afecta a los militares. Las nuevas condiciones, como el empadronamiento histórico o la necesidad de familiares residentes en la comunidad, podrían ser utilizadas en otras regiones para restringir la llegada de ciudadanos de otras partes de España, especialmente en territorios con movimientos independentistas. Vox también ha logrado que se eleve de 12 meses a tres años el tiempo mínimo de residencia para acceder a la Renta Valenciana de Inclusión, lo que dejará fuera a muchas familias en riesgo de exclusión social. Además, la Oficina Valenciana de Inclusión pasa a llamarse Oficina Valenciana de Arraigo y Retorno, destinando su presupuesto a políticas de retorno de inmigrantes en lugar de integración.
El refuerzo del control administrativo y policial sobre el uso irregular de la vivienda, incluyendo el fraude padronal y la ocupación ilegal, se suma a las novedades que se concretarán en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, cuya aprobación está prevista para la próxima semana. Estas medidas han generado debate y preocupación en distintos sectores, especialmente entre quienes, por motivos laborales, no pueden cumplir con los nuevos requisitos de arraigo.
La controversia sobre la prioridad nacional y el arraigo no es nueva en la política valenciana. En ocasiones anteriores, la Generalitat ya había incorporado este principio en sus cuentas tras intensas negociaciones entre PP y Vox, como se detalla en la cobertura de la aprobación de los presupuestos autonómicos. El Gobierno central ha anunciado su intención de recurrir estas medidas ante el Tribunal Constitucional, alegando posible discriminación por nacionalidad, prohibida por la Ley de Extranjería.
En España, la vivienda pública representa una pequeña parte del parque inmobiliario, y los criterios de acceso varían según la comunidad autónoma. El endurecimiento de los requisitos de arraigo puede tener efectos significativos en la movilidad laboral y en la integración de nuevos residentes. La situación de los militares ilustra cómo las nuevas normas pueden afectar a colectivos que, por la naturaleza de su trabajo, no pueden cumplir con los periodos de residencia exigidos. El debate sobre la prioridad nacional y el arraigo sigue abierto, con implicaciones tanto legales como sociales para el acceso a derechos básicos en la Comunidad Valenciana y otras regiones gobernadas por PP y Vox.
