El Parlamento Europeo ha señalado directamente al presidente Pedro Sánchez como responsable de la llegada masiva de migrantes a Ceuta, en una resolución que no solo cuestiona la gestión española, sino que también propone sanciones económicas contra Marruecos. El texto, aprobado pese al rechazo de los socialistas europeos, exige un control más estricto sobre los fondos de desarrollo y cooperación que la Unión Europea destina a países terceros, condicionando el acceso preferente al mercado y la financiación a una cooperación efectiva en la gestión de fronteras y la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes.
La resolución fue adoptada el 17 de septiembre de 2026 con 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones, según datos oficiales del Parlamento Europeo. El documento recalca la necesidad de reforzar la protección de las fronteras exteriores de la UE y acelerar el retorno de quienes no tienen derecho a permanecer en territorio europeo, en coordinación con Marruecos y conforme al derecho internacional.
El Parlamento Europeo expresó su profunda preocupación por la política de regularización masiva en España, advirtiendo que puede crear un efecto llamada para migrantes y redes delictivas.
El Partido Popular Europeo (PPE) logró sacar adelante un texto más severo tras el rechazo de los socialistas a una resolución conjunta, argumentando que no querían participar en un documento "contra el Gobierno de España" ni poner en riesgo la relación con Marruecos. El PPE, sin embargo, pactó con otros grupos parlamentarios para aprobar una resolución que va más allá de la crítica y plantea consecuencias económicas concretas para Rabat.
El texto también subraya la necesidad de proteger adecuadamente a los menores no acompañados que llegan a Ceuta, un asunto que ha generado inquietud tanto en la ciudad autónoma como en las instituciones europeas. El Parlamento Europeo exige que cualquier retorno de menores se realice en pleno cumplimiento del derecho de la UE y de los tratados internacionales, remarcando la importancia de salvaguardar los derechos de los niños.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha recordado que "la frontera de Ceuta es una frontera europea" y ha presentado un marco europeo de respuesta a emergencias para situaciones similares, que permitirá devoluciones más rápidas de inmigrantes ilegales. Además, la resolución contempla la posibilidad de limitar o suspender la ayuda al desarrollo de la UE a terceros países que no cooperen de manera eficaz en materia migratoria, aunque el comunicado oficial matiza que el objetivo es reforzar la colaboración y el control en las fronteras.
El debate y la votación sobre la situación en Ceuta y Melilla se celebraron los días 15 y 17 de septiembre de 2026, respectivamente, y la resolución fue impulsada principalmente por el PPE con el apoyo de liberales y grupos de derecha, sin respaldo socialista.
La resolución fue aprobada con el respaldo de varios grupos, incluidos algunos liberales, y pese al veto socialista. El debate sobre la frontera española ya había evidenciado divisiones en la Unión Europea, como se analizó en el análisis anterior de la situación en Ceuta.
El endurecimiento de la postura europea hacia Marruecos y la crítica directa a la política migratoria de Sánchez suponen un giro relevante en la gestión de la frontera sur de Europa. La exigencia de condicionar fondos y acceso al mercado a la cooperación real en materia migratoria puede tener consecuencias prácticas para la relación entre Bruselas, Madrid y Rabat. La presión sobre el Gobierno español aumenta, mientras la UE busca mecanismos más estrictos para evitar nuevas crisis en enclaves como Ceuta. El mensaje es inequívoco: la gestión migratoria y la cooperación fronteriza pasan a primer plano en la agenda europea, y cualquier desviación tendrá un coste político y económico tangible.
La información sobre la votación y el contenido de la resolución está disponible en el comunicado oficial del Parlamento Europeo.
