El Partido Popular no modifica su posición tras los informes sobre los pagos millonarios de Quirón a la pareja de Ayuso. El partido insiste en que se trata de un asunto privado y presenta una nueva moción en el Congreso.
La dirección nacional del Partido Popular ha reafirmado este viernes su postura ante los recientes informes de Hacienda y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. A pesar de que los documentos confirman que González Amador recibió ingresos millonarios del grupo Quirónsalud durante los primeros años de su relación con la presidenta madrileña, Génova sostiene que se trata de un asunto estrictamente privado y desvincula a Ayuso de cualquier responsabilidad política.
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha sido el encargado de transmitir la posición del partido desde Alicante, donde participa en las celebraciones de San Juan. Tellado ha recalcado que el caso no afecta a ninguna administración pública, sino a un ciudadano particular, y que cualquier aclaración debe producirse en sede judicial. Según el dirigente popular, la formación respeta las decisiones de los jueces y no cuestiona la labor judicial, en contraste con lo que atribuye al PSOE.
El informe de Hacienda, fechado el 22 de mayo y citado por EL PAÍS, detalla que González Amador facturó 4,4 millones de euros al grupo Quirónsalud entre 2021 y 2023, coincidiendo con el inicio de su relación con Ayuso. Además, la filial Quironprevención habría contratado los servicios de consultoría de las empresas de Amador por una media de casi 1,5 millones de euros anuales en ese periodo. La UCO, por su parte, señala en un informe preliminar que una de las sociedades investigadas carecería de los medios necesarios para prestar servicios de consultoría al grupo sanitario privado, lo que ha motivado la apertura de diligencias por un presunto delito de soborno.
En paralelo a la polémica, el Partido Popular ha registrado una nueva moción en el Congreso para reclamar la dimisión del presidente Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones generales. Esta iniciativa llega tras el veto de la Mesa del Congreso a anteriores enmiendas del PP y de Junts, y busca superar el filtro del órgano presidido por Francina Armengol, donde Sumar y el PSOE tienen mayoría. El texto presentado no exige directamente elecciones, pero sí expresa el deseo mayoritario de que se convoquen cuanto antes para poner fin a la parálisis política. Además, el PP argumenta que la acumulación de investigaciones sobre casos de corrupción que afectan a responsables políticos nombrados por Sánchez justifica la exigencia de responsabilidades y la dimisión del presidente.
Tellado ha criticado duramente la actuación de Armengol, acusándola de “secuestrar la democracia” y anticipando que el PP recurrirá ante el Tribunal Constitucional el veto de la Mesa del Congreso. Esta estrategia se suma a otras iniciativas recientes en el ámbito parlamentario, donde la tensión entre los principales partidos sigue en aumento. En el contexto de la política española, los casos judiciales que afectan a figuras públicas han generado debates similares en otras ocasiones, como ocurrió con la investigación a Zapatero por el caso Plus Ultra, donde el juez decidió mantener la causa abierta sin imponer restricciones, según se recoge en una información anterior sobre investigaciones a expresidentes.
El caso de González Amador se suma así a una serie de investigaciones que han marcado la agenda política en los últimos años. En España, la relación entre la actividad privada de familiares de cargos públicos y la responsabilidad política es objeto de debate recurrente. La transparencia en la contratación pública y la vigilancia sobre posibles conflictos de intereses han sido reforzadas en la última década, aunque la frontera entre lo privado y lo público sigue generando controversia. El desarrollo de este caso será seguido de cerca por su posible impacto en la estabilidad política y en la percepción ciudadana sobre la integridad de las instituciones.
