El Partido Popular apoya que los nietos de emigrados españoles accedan a la nacionalidad. Sin embargo, Feijóo advierte sobre arbitrariedad y falta de garantías en el proceso. El debate afecta a miles de familias y servicios públicos.
El Partido Popular ha confirmado su apoyo a que los nietos de españoles emigrados puedan obtener la nacionalidad, siempre que se demuestre el parentesco de forma clara. Así lo ha expresado Alberto Núñez Feijóo en una intervención en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, donde ha matizado que el respaldo del PP se centra en la trazabilidad del vínculo familiar.
La posición del PP sobre la llamada ley de nietos ha evolucionado en los últimos días. El partido ha aclarado que respalda la nacionalización de los descendientes de todos los españoles que emigraron, no solo de los exiliados, alineándose con lo que Feijóo ya defendía en 2022 y recogía el programa popular en 2023. Sin embargo, la formación mantiene fuertes críticas sobre cómo se está aplicando la normativa.
Feijóo ha señalado que el proceso actual presenta “mucha arbitrariedad, poca transparencia y pocas garantías”. El PP fundamenta su desacuerdo en una instrucción ministerial publicada poco después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática en octubre de 2022. Dicha instrucción amplió el acceso a la nacionalidad a todos los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles, y no solo a los descendientes de exiliados, lo que según el PP supone una alteración del objeto de la ley.
El líder popular ha advertido que este cambio normativo podría tensionar servicios públicos como la sanidad, en caso de que muchos nietos decidan trasladarse a España. El partido justifica su postura crítica en la defensa del Estado de Bienestar y en la necesidad de que el proceso se desarrolle con garantías legales y administrativas.
La Ley de Memoria Democrática, en su exposición de motivos, presenta la nacionalización como una medida reparadora para quienes sufrieron el exilio. Sin embargo, la disposición adicional octava amplía el alcance a los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles, siempre que el exilio se debiera a motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación e identidad sexual.
En el contexto actual, la nacionalidad española por descendencia es una vía relevante para miles de familias en América Latina y otras regiones con fuerte emigración histórica. El acceso a la nacionalidad puede implicar derechos de residencia, trabajo y acceso a servicios públicos en España. Según datos oficiales, la demanda de nacionalizaciones por esta vía ha crecido desde la aprobación de la Ley de Memoria Democrática. El debate sobre el alcance y las condiciones de este derecho sigue abierto, especialmente en lo relativo a la capacidad de los servicios públicos y la seguridad jurídica del proceso.
