El PSOE ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción la filtración de datos de una investigación secreta sobre sus gastos en efectivo entre 2017 y 2024. El caso afecta a figuras clave del partido y mantiene la tensión en el Gobierno.
El PSOE ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada tras la publicación de datos confidenciales de una investigación judicial bajo secreto de sumario. El caso, abierto en la Audiencia Nacional desde el año pasado, analiza los gastos en efectivo realizados por el partido entre 2017 y 2024, en el marco de las supuestas tramas vinculadas a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García.
La formación socialista sostiene que la filtración constituye un delito de revelación de secretos, según los artículos 415 y 417 del Código Penal. La denuncia se apoya en una información publicada el 11 de junio por The Objective, que incluía una captura de pantalla de un documento de Excel titulado “Facturas de gastos de la trama que han sido pagadas por el PSOE”. En ese artículo se detallaba que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había detectado 52 facturas falsas en la causa sobre financiación irregular.
El PSOE recalca que siempre ha negado cualquier financiación ilegal, una cuestión especialmente sensible para sus socios de investidura, que han marcado esta línea roja para mantener su apoyo al Gobierno. Según el escrito presentado por Ferraz, la publicación hace referencia directa a la investigación judicial y a los nuevos elementos analizados por la UCO, en concreto a la pieza abierta por el juez Ismael Moreno en diciembre para investigar los pagos en efectivo entre 2017 y 2024.
El partido subraya que el procedimiento citado en la noticia corresponde a una pieza declarada secreta en el Juzgado Central de Instrucción número 2, cuyo secreto se ha prorrogado en varias ocasiones y sigue vigente. El PSOE argumenta que, dado que el secreto afecta a todas las partes personadas salvo el Ministerio Fiscal, la filtración solo podría proceder de un funcionario público con acceso directo a la causa. Los servicios jurídicos del partido insisten en que, a diferencia de otras filtraciones donde el acceso es más amplio, en este caso el origen estaría en “fuentes de la investigación” y la información proviene de una causa judicial secreta.
El juez Ismael Moreno decidió en diciembre separar la investigación sobre los pagos en efectivo del PSOE y declarar secreta esa parte tras recibir un pendrive con las cuentas del partido de 2017 a 2024. La Fiscalía Anticorrupción fue informada “ante la gravedad” de los hechos y valoró como “lógica” y “necesaria” la petición del PSOE de preservar la información bajo secreto, ya que incluía datos personales y cientos de páginas con detalles de pagos y beneficiarios.
La pieza separada se abrió dentro del caso Koldo, a petición del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, encargado de investigar a Ábalos y su asesor. Tras revisar el informe de la Guardia Civil sobre el patrimonio del exministro y la documentación del PSOE, el juez Puente detectó discrepancias y remitió la información a la Audiencia Nacional para aclarar si hubo actividades irregulares o delictivas. La sospecha era que el partido podría estar encubriendo actividades ilícitas mediante pagos en efectivo. La Fiscalía Anticorrupción apoyó la investigación, aunque precisó que el PSOE no es objeto de la misma, sino que podría haber sido víctima de un posible desfalco.
En España, la revelación de secretos en procedimientos judiciales bajo secreto de sumario está penada y puede acarrear consecuencias disciplinarias y penales para los funcionarios implicados. La protección de datos personales en causas judiciales es una exigencia legal reforzada en los últimos años, especialmente en casos de corrupción política. La Audiencia Nacional, órgano judicial de referencia en delitos complejos y corrupción, mantiene protocolos estrictos para el acceso a piezas declaradas secretas.
