El juez impone restricciones a Begoña Gómez y desata una ola de críticas en el PSOE. Dirigentes y militantes denuncian una persecución política y advierten de un posible efecto movilizador.
La decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez, prohibirle salir de España y obligarla a comparecer cada quince días ante el juzgado ha provocado una reacción inmediata y contundente en el PSOE. La medida, que afecta directamente a la esposa del presidente del Gobierno, ha sido calificada por dirigentes socialistas como desproporcionada y carente de justificación jurídica, generando un clima de indignación en todo el partido.
Fuentes de la dirección socialista consideran que la instrucción judicial responde a motivos políticos y denuncian una persecución que, según su visión, busca debilitar al Gobierno. La reacción no se ha limitado a la cúpula: militantes y responsables territoriales han mostrado su malestar, recordando otros casos recientes que han afectado a familiares de Pedro Sánchez, como el juicio contra su hermano David Sánchez. Para muchos, la situación actual supera el umbral de tolerancia y podría tener un efecto movilizador en el electorado progresista.
Desde La Moncloa, se ha criticado abiertamente la actuación del magistrado, señalando que la resolución evidencia una obsesión y una falta de proporcionalidad. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado una queja formal al Consejo General del Poder Judicial por las insinuaciones de Peinado sobre la posible colaboración de los escoltas de Begoña Gómez en una hipotética fuga. Otros líderes autonómicos y miembros del Gobierno han calificado las declaraciones del juez de inaceptables y han defendido la profesionalidad de los agentes de seguridad.
La respuesta del PSOE ha sido especialmente intensa en un contexto marcado por una sucesión de causas judiciales que afectan tanto a figuras actuales como a referentes históricos del partido. La responsable de Organización, Rebeca Torró, ha tachado las medidas de Peinado de propias de un juicio político, mientras que otros ministros, como Félix Bolaños y Óscar Puente, han denunciado públicamente lo que consideran una estrategia para desestabilizar al Ejecutivo. Diana Morant, ministra de Ciencia, ha puesto el foco en los vínculos familiares del juez con el Partido Popular, sugiriendo posibles motivaciones políticas detrás de sus decisiones.
El Partido Popular, por su parte, ha aprovechado la situación para insistir en la necesidad de elecciones anticipadas y ha ironizado sobre la frecuencia de escándalos judiciales en el entorno socialista. Vox, que ejerce la acusación popular en el caso de Begoña Gómez, ha celebrado la imposición de medidas cautelares. Mientras tanto, otros jueces, como José Luis Calama, han optado por no aplicar restricciones similares en casos recientes, lo que ha alimentado el debate sobre la coherencia y la motivación de las decisiones judiciales.
En el contexto político español, la judicialización de la vida pública y la utilización de los tribunales en conflictos partidistas han sido objeto de debate recurrente en los últimos años. El caso de Begoña Gómez se suma a una lista de procedimientos que han generado controversia y han puesto en cuestión la relación entre justicia y política. Según datos recientes, la percepción de independencia judicial en España ha sido motivo de preocupación tanto a nivel nacional como europeo, lo que añade complejidad a la situación actual y refuerza la importancia de la transparencia y la proporcionalidad en las actuaciones judiciales.
