La batalla por la vivienda en España sube de tono justo cuando el Congreso se prepara para votar dos decretos que pueden cambiar el mercado del alquiler. Junts ya ha dicho que votará en contra de ambos textos. Esto pone en riesgo las medidas del Gobierno para limitar los desahucios y prorrogar los contratos de alquiler hasta cinco años.
La presión no se queda en el Congreso. En la Puerta del Sol de Madrid, la acampada suma ya cinco noches. Un millar de personas llevan allí desde el sábado. El movimiento no se apaga. Han montado comités de barrio y preparan una huelga general centrada en la vivienda. Buscan que la protesta salga del centro y llegue a más barrios.
La votación en el Congreso sobre los decretos de vivienda está prevista para el 2 de octubre de 2026 y el resultado depende en gran medida de la postura de Junts.
En Barcelona, la plaza de Catalunya ya supera las doscientas tiendas de campaña. Colectivos como el Sindicat de Llogateres y el Sindicato de vivienda socialista de Cataluña han dado fuerza a la protesta tras una cacerolada en Sant Jaume. Zaragoza también se suma. Una treintena de tiendas han aparecido en la plaza de España tras una convocatoria sorpresa del Sindicato de Inquilinas.
El segundo Real Decreto de Vivienda, publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado, recoge la prórroga automática y sucesiva de los contratos de alquiler por cinco años. También prevé una indemnización de hasta 12 mensualidades para inquilinos si el propietario rompe el contrato sin causa justificada. Pero todo depende de que el Congreso lo convalide este viernes.
Junts sostiene que las medidas pueden tener el efecto contrario al buscado. Exige un nuevo texto que ataque la crisis de raíz. Pide un consejo de ministros urgente para cambiar el decreto y volver a llevarlo al Congreso la próxima semana. Según El País, Junts cree que los decretos no dan soluciones de fondo y pide que se retiren para rehacerlos.
El Gobierno ha rechazado la petición de Junts de retirar los decretos y mantiene su apuesta por la votación, lo que ha generado un enfrentamiento directo entre el Ejecutivo y la formación catalana en la antesala del pleno parlamentario.
El Gobierno no cede. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, ha sido clara: el Ejecutivo no retirará los decretos. Defiende que la lucha es “o con la gente o con los especuladores”. Mónica García, ministra de Sanidad, ha criticado la postura de Junts y ha dicho que “hay dos maneras de hacer política: la de joderle la vida a la gente o la de poner soluciones”.
Podemos ha anunciado que apoyará los decretos tras reunirse con la Federación de los Sindicatos de Inquilinas. Aun así, cree que las medidas se quedan cortas. Respaldan el texto para mantener la movilización y el llamamiento a la huelga general.
El presidente Pedro Sánchez ha pedido a los grupos parlamentarios “altura de miras” y que dejen la ideología a un lado para aprobar los decretos. Insiste en que es una cuestión de “pura humanidad”. El Gobierno calcula que aplicar ambas normas costará más de 1.600 millones de euros.
La Organización de Consumidores y Usuarios ve con buenos ojos las nuevas medidas, pero avisa de que la oferta de alquiler podría bajar. Por otro lado, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente denuncia la especulación inmobiliaria y alerta de que tener empleo ya no garantiza una vivienda digna.
La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid ha convocado una concentración frente al Congreso durante la votación, con salida desde Sol a las 10:00 horas. El objetivo es presionar para que se aprueben los límites al desahucio y la renovación automática de los alquileres.
En números, más de 1,89 millones de contratos de alquiler podrían beneficiarse de la prórroga de dos años si el decreto sale adelante. Madrid y Cataluña serían las más beneficiadas. Solo en Madrid, 402.082 contratos serían prorrogables. En Cataluña, 339.088, de los cuales 248.053 están en Barcelona.
El Sindicat de Llogateres ha pedido a Junts que vote a favor de los decretos. Defienden que apoyar las medidas es “defender a Cataluña y a los catalanes”.
El debate sobre la vivienda viene de lejos. Hace poco, según espanol.news, Vox acusó al Gobierno de intentar liderar las protestas y culpó a la inmigración de agravar la crisis. Exigen controles más duros antes de tomar otras medidas.
La situación muestra hasta qué punto la vivienda es ya un campo de batalla político y social. El choque entre el Gobierno y Junts deja en el aire la protección de millones de inquilinos y la estabilidad de los contratos. Si el Congreso no aprueba los decretos, la prórroga automática y las indemnizaciones quedarán en suspenso. La presión en la calle puede crecer. El resultado de la votación marcará el rumbo inmediato de la política de vivienda en España y pondrá a prueba la respuesta de las instituciones ante una crisis que ya no puede esperar más.
