El pulso judicial por la acampada de vivienda en la Puerta del Sol cambia de rumbo. La jueza del Tribunal de Instancia de Madrid se aparta del caso y remite el recurso de la Comunidad de Madrid al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). La magistrada dice que no tiene competencia para decidir sobre el desalojo. Ahora el TSJM tiene 48 horas para pronunciarse.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado apoyaron la remisión del caso al TSJM, lo que refuerza el consenso sobre la complejidad de la competencia judicial en este asunto.
En su auto, la jueza del contencioso número 14 de Madrid deja claro que el procedimiento impugna la falta de actuación de un órgano de la Administración periférica del Estado. Según su criterio, esto va más allá de lo que puede decidir un tribunal de instancia. Por eso, tras escuchar a todas las partes, incluido el letrado de la Comunidad de Madrid, ha decidido elevar el caso al TSJM y citar a los implicados para que comparezcan allí. Si no lo hacen, el recurso podría caducar. Este detalle es clave: el auto no entra a valorar si la acampada es legal o ilegal ni ordena el desalojo. Solo resuelve que el tribunal de instancia no es competente.
La presidenta Ayuso ha mostrado su malestar en la Asamblea de Madrid. Ha criticado la gestión del Gobierno central y ha pedido que, al menos, se garantice el paso de ambulancias y la actividad comercial en la zona. El delegado del Gobierno, por su parte, defiende que las actuaciones en Sol cumplen la ley y que la acampada sigue dentro de los límites legales. Francisco Martín ha repetido en público que todo se hace "en estricto cumplimiento del marco legal". La diferencia de criterios entre la administración autonómica y la central es clara.
El TSJM debe decidir ahora si asume la competencia o devuelve el caso a un tribunal inferior, lo que podría retrasar cualquier resolución definitiva sobre el desalojo de la acampada en Sol.
El TSJM tiene la última palabra sobre el futuro inmediato de la acampada en Sol. Lo que decida marcará un precedente sobre hasta dónde llegan las competencias autonómicas frente a la Administración central en protestas y ocupaciones en lugares emblemáticos. Que todas las partes hayan aceptado llevar el caso al Tribunal Superior muestra la complejidad jurídica y política del conflicto. En un momento en que la presión sobre la vivienda y el uso del espacio público crece en Madrid, la decisión del TSJM será seguida de cerca por instituciones y ciudadanos. Este episodio deja claro que la gestión de la protesta social y la convivencia urbana en la capital sigue siendo un terreno de alta tensión institucional y jurídica.
Según información de la agencia EFE, la Comunidad de Madrid formalizó su petición de desalojo tras considerar que la ocupación de la Puerta del Sol es una "ocupación ilegal del espacio público" y que la Delegación del Gobierno debía actuar para restablecer el orden.
