El auditor de Plus Ultra rechaza presiones en la revisión de cuentas antes de la ayuda estatal. El auditor de Plus Ultra declaró en el Senado que la empresa no solicitó modificar el informe para obtener la ayuda estatal. Confirmó problemas de liquidez dos años antes de la pandemia. La investigación examina el uso de los 53 millones de euros en ayudas públicas.
En Madrid continúa la investigación en torno al apoyo estatal a la aerolínea Plus Ultra. En las audiencias en el Senado, el auditor de la empresa, Jesús Ángel Carbajo, declaró que no se enfrentó a intentos de presión ni a solicitudes para modificar los informes con el fin de obtener ayuda estatal. Según él, la dirección de Plus Ultra proporcionó toda la información necesaria, y las conclusiones de la auditoría se basaron exclusivamente en los datos recibidos.
Carbajo subrayó que, ya dos años antes del inicio de la pandemia, la aerolínea enfrentaba serios problemas de liquidez. Sin embargo, según afirmó, al preparar el informe de auditoría de 2019, no tenía conocimiento de los planes de Plus Ultra de solicitar apoyo estatal. En el documento, los auditores indicaron por separado una «incertidumbre material» y señalaron los riesgos relacionados con la situación financiera del operador.
Las dudas sobre el procedimiento de concesión de 53 millones de euros de ayuda estatal a Plus Ultra surgieron después de que la Audiencia Nacional iniciara una investigación sobre el posible uso indebido de estos fondos. La investigación examina si la empresa cumplía con los criterios para recibir el apoyo, en particular, si era financieramente solvente al comienzo de la pandemia. Según las condiciones del programa, la ayuda solo se otorgaba a compañías estratégicas que entraran en crisis con balances sólidos y pudieran presentar un plan de recuperación detallado.
El senador del Partido Popular, Salvador de Foronda, recordó durante la audiencia que un informe pericial señalaba la falta de liquidez de Plus Ultra incluso antes de la pandemia, lo que podría haber sido un obstáculo para recibir apoyo estatal. Carbajo respondió que no conocía dicho informe y subrayó la diferencia entre el análisis de un auditor y el de un perito. También señaló que la decisión de otorgar los fondos fue tomada por organismos estatales, y no por el auditor.
La resolución judicial señala que Plus Ultra se encontraba en una situación cercana a la liquidación un año antes de recibir la ayuda, y que parte de los fondos podría haber sido transferida a empresas ajenas a la actividad principal de la aerolínea. En particular, la investigación puso el foco en la devolución de un préstamo a la estructura panameña Panacorp poco después de recibir el apoyo estatal. Carbajo explicó estas operaciones como necesarias para atender deudas y destacó que la evaluación del uso final de los fondos no era de su competencia.
Durante las audiencias también se debatió el papel del ex jefe de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien, según algunos participantes en el proceso, podría haber influido en las decisiones sobre el apoyo a Plus Ultra. Este aspecto se analiza en detalle en otro reportaje, donde se estudian los vínculos de Zapatero con estructuras financieras y las circunstancias del rescate de la aerolínea; puede conocer más sobre este tema en la publicación sobre la investigación de las influencias en torno a Zapatero y Plus Ultra.
Para referencia: el programa de apoyo a empresas estratégicas en España contemplaba un estricto control sobre el uso de los fondos, la participación obligatoria de SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y auditorías regulares. Plus Ultra, a pesar de contar con una pequeña flota y un número limitado de rutas a Latinoamérica, fue considerada estratégicamente importante para el país. Las cuestiones sobre la transparencia en la asignación de fondos y los criterios de selección de empresas siguen siendo objeto de atención pública y judicial.
