El Tribunal Supremo se prepara para una renovación en sus salas más influyentes. El CGPJ aplaza las negociaciones hasta después del verano. Entre los candidatos figuran perfiles que dividen a los bloques del órgano.
El Tribunal Supremo encara una de sus renovaciones más delicadas en los últimos años, con seis vacantes en sus salas de lo Penal y lo Contencioso-Administrativo que han reactivado la pugna interna en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La llegada de nuevos magistrados, entre ellos figuras como Enrique López y José Ricardo de Prada, ha elevado la tensión entre los bloques progresista y conservador, que no prevén retomar las negociaciones hasta después del verano, según fuentes consultadas por EL PAÍS.
La Sala de lo Penal, que investiga y juzga a altos cargos del Gobierno y revisa causas de gran impacto, espera la incorporación de cuatro magistrados. Tres de estas plazas se convocaron anticipándose a las jubilaciones de Andrés Palomo, Ángel Hurtado y Juan Ramón Berdugo, mientras que la cuarta corresponde a la vacante dejada por Miguel Colmenero en 2023. Por su parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, responsable de revisar decisiones del Ejecutivo, tendrá dos nuevos miembros tras la salida de Pablo Lucas, quien también deja libre la presidencia de la sala.
El proceso de selección ha atraído a decenas de candidatos, entre los que destacan Enrique López, exconsejero madrileño y exmagistrado del Tribunal Constitucional, y José Ricardo de Prada, conocido por su papel en la sentencia de la primera época de Gürtel. Ambos ejercen actualmente en la Audiencia Nacional y sus perfiles generan divisiones en el CGPJ. De Prada, en particular, ha sido vetado en anteriores ocasiones por el sector conservador, que frenó su acceso al Supremo en la Sala de lo Militar.
Otros nombres relevantes en la lista de aspirantes son Eloy Velasco, primer instructor del caso Púnica; Rosario Esteban Meilán, presidenta de la Sección 23ª de la Audiencia Provincial de Madrid y encargada de recursos en el caso Begoña Gómez; y Samantha Romero, presidenta del tribunal del caso Nóos. Además, Silvina Bacigalupo, catedrática de Derecho Penal y vinculada al PSOE, ha presentado su candidatura para la vacante de Colmenero, lo que ha provocado un bloqueo en las conversaciones entre los bloques del CGPJ. El sector conservador rechaza su nombramiento, mientras que los progresistas acusan a sus colegas de querer imponer otro perfil conservador en la Sala de lo Penal.
En la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 14 candidatos compiten por las dos plazas disponibles. La verdadera batalla, sin embargo, se centra en la presidencia que deja Pablo Lucas. Solo tres nombres optan a este puesto: Eduardo Calvo y Ángeles Huet, ambos de sensibilidad progresista, y Esperanza Córdoba, del sector conservador. Los progresistas apuestan por Huet, mientras que los conservadores respaldan a Córdoba. La ausencia de Pilar Teso, habitual en las quinielas para liderar el Supremo y el CGPJ, marca esta ronda de nombramientos tras su retirada en la anterior votación.
El equilibrio de fuerzas en el CGPJ, con diez vocales por bloque, obliga a buscar un acuerdo transversal que requiere al menos 13 votos. Aunque podrían producirse contactos preliminares en las próximas semanas, la mayoría de fuentes apunta a septiembre, con el inicio del nuevo curso judicial, como el momento clave para retomar las negociaciones. Algunas voces incluso sitúan el desenlace en octubre, cuando el CGPJ afrontará uno de los retos más importantes de su mandato.
La representación femenina es otro de los puntos en discusión. Actualmente, solo 11 de los 34 magistrados de lo Contencioso-Administrativo y tres de los 15 de lo Penal son mujeres. Los vocales progresistas insisten en la necesidad de mejorar tanto la presencia como el acceso de mujeres a puestos de poder en el alto tribunal.
La importancia de estas renovaciones se refleja en el impacto que pueden tener sobre la revisión de decisiones gubernamentales y la investigación de altos cargos. El Supremo, cuyas resoluciones son prácticamente inamovibles, juega un papel central en el equilibrio institucional. En este contexto, la pugna por los nombramientos se suma a otros debates judiciales recientes, como la situación de Carles Puigdemont, cuya orden de detención sigue vigente tras la última decisión europea, según se detalla en el análisis sobre el futuro judicial de Puigdemont.
El CGPJ, responsable de estos nombramientos discrecionales, mantiene paralizadas las negociaciones hasta después del parón estival. La resolución de este proceso marcará el rumbo del Supremo en los próximos años y podría redefinir el equilibrio de poder en las salas más sensibles del tribunal.
El Tribunal Supremo es la máxima instancia judicial en España y sus decisiones solo pueden ser revisadas en casos muy excepcionales. El CGPJ, órgano de gobierno de los jueces, tiene la competencia exclusiva para designar a los magistrados del alto tribunal. Las renovaciones en las salas de lo Penal y lo Contencioso-Administrativo suelen estar marcadas por intensas negociaciones políticas, ya que afectan directamente a la capacidad de control sobre el Gobierno y la administración pública. La composición del CGPJ, actualmente dividida entre bloques progresista y conservador, dificulta la toma de decisiones rápidas y consensuadas. La presencia de figuras con trayectorias políticas o vinculaciones ideológicas añade complejidad a un proceso que, en última instancia, influye en la independencia y el funcionamiento de la justicia en España.
