El Tribunal Supremo acredita que José Luis Ábalos y Koldo García organizaron una red para lucrarse con adjudicaciones públicas. La sentencia refuerza la investigación sobre contratos de obras y pagos de comisiones.
El Tribunal Supremo ha dado un paso clave en el caso de corrupción que salpica al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su exasesor Koldo García. La sentencia, notificada este lunes, considera probado que ambos diseñaron una trama para cobrar comisiones a cambio de adjudicar contratos públicos, aprovechando la posición de Ábalos en el Gobierno. El fallo, que también condena al empresario Víctor de Aldama, se centra en los contratos de mascarillas durante la pandemia y en la contratación de personas vinculadas al exministro, pero va más allá al establecer la existencia de un plan para manipular licitaciones de obras públicas.
Según el Supremo, la relación entre Ábalos, García y Aldama se cimentó en la búsqueda de beneficios económicos a través de adjudicaciones irregulares. El tribunal detalla que, desde febrero de 2019, García, con el conocimiento de Ábalos, propuso a Aldama actuar como intermediario con constructoras para facilitarles la obtención de contratos a cambio de pagos. El objetivo era evitar la exposición directa de los cargos públicos y canalizar las comisiones a través de un empresario de confianza. El acuerdo incluía la entrega mensual de 10.000 euros y la promesa de repartir las ganancias obtenidas de las licitaciones millonarias.
La sentencia se apoya en la declaración de Aldama, quien relató cómo se le ofreció participar en el reparto de comisiones por obras públicas. Aunque el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, expresó dudas sobre algunos detalles, el Supremo considera acreditado el núcleo del plan. Sin embargo, el tribunal no ha dado por probado que parte de las comisiones estuvieran destinadas a financiar al PSOE, ni ha asumido la supuesta fórmula para manipular las licitaciones que describió Aldama. Estos extremos quedan pendientes de esclarecer en la Audiencia Nacional, que investiga si existieron pactos concretos con constructoras y cómo funcionaba el reparto de contratos.
El fallo del Supremo refuerza la instrucción que lleva la Audiencia Nacional sobre la adjudicación irregular de obras públicas en el Ministerio de Transportes. Esta línea de investigación, impulsada tras un informe de la Guardia Civil en 2025 que implicó a Santos Cerdán, se separó del caso principal cuando Ábalos dejó su escaño y perdió el aforamiento. Actualmente, la causa sigue en fase inicial, a la espera de nuevos informes policiales sobre el patrimonio de los implicados. El relato judicial también sitúa a Cerdán como pieza clave en el origen de la relación entre Ábalos y García, remontándose a la campaña de primarias del PSOE en 2017 y a la posterior recomendación de contratar a García como conductor del entonces secretario de Organización.
La sentencia del Supremo marca un punto de partida inamovible para las investigaciones en curso y consolida la versión de que la trama de amaño de contratos nació en Navarra en 2015 y se extendió a nivel nacional a partir de 2018. El caso ha generado un fuerte impacto en la política española y en la percepción pública sobre la gestión de fondos públicos. En este contexto, cabe recordar que el propio Supremo ya impuso penas de prisión a los principales implicados, como se detalla en el análisis sobre la condena a Ábalos y García publicado en un reportaje anterior de este medio.
Como contexto, la corrupción en la adjudicación de obra pública ha sido uno de los focos de atención en España durante la última década, con varios casos que han afectado a diferentes administraciones. El refuerzo judicial a la investigación sobre Ábalos y su entorno puede tener consecuencias en futuras licitaciones y en los controles internos de los ministerios. Además, la separación de piezas en la instrucción permite que la Audiencia Nacional profundice en los detalles de la supuesta red de comisiones, mientras el Supremo fija los hechos probados que servirán de base para nuevas imputaciones o ampliaciones del caso.
