El Tribunal Supremo ha aplicado la ley de amnistía a Meritxell Serret. La exconsellera de Agricultura fue condenada por desobediencia grave en el referéndum del 1-O. Su responsabilidad penal queda ahora extinguida.
El Tribunal Supremo ha decidido aplicar la ley de amnistía a Meritxell Serret, exconsellera de Agricultura de la Generalitat y miembro de ERC, anulando así la condena que pesaba sobre ella por desobediencia grave en relación con el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017. La resolución convierte a Serret en la primera consellera del Govern que promovió el 1-O en beneficiarse de la nueva normativa, según la decisión de la Sala de lo Penal.
Serret había sido condenada en abril de 2023 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros. El tribunal consideró probado que, como miembro del Govern de Carles Puigdemont, ignoró de forma consciente y deliberada los cinco requerimientos del Tribunal Constitucional que le prohibían facilitar el referéndum. La sentencia subrayaba que Serret fue notificada personalmente de estas advertencias y que, pese a ello, no tomó ninguna medida para impedir la consulta.
Tras la condena, Serret presentó un recurso de casación ante el Supremo. Ahora, el alto tribunal declara amnistiados los actos por los que fue acusada y extingue cualquier responsabilidad penal derivada de ellos. La decisión llega menos de dos semanas después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalara la ley de amnistía, un hecho que desde ERC consideran clave en el desenlace del caso.
La trayectoria judicial de Serret ha estado marcada por su implicación en el proceso independentista. Tras la declaración unilateral de independencia, permaneció tres años en Bruselas antes de regresar a España en 2021, cuando el horizonte judicial para exconsellers con cargos similares se había aclarado. Otros miembros del Govern, como Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, también fueron condenados únicamente por desobediencia, sin penas de prisión ni acusaciones de malversación.
La aplicación de la amnistía a Serret se produce en un contexto de cambios legales que afectan a numerosos implicados en el 1-O. La ley de amnistía, aprobada en 2024, ha generado un intenso debate político y jurídico en España y en la Unión Europea. El caso de Serret puede marcar un precedente para otros exmiembros del Govern y cargos públicos procesados por hechos relacionados con el referéndum. El TSJC, órgano que dictó la condena inicial, había destacado en su sentencia el reconocimiento directo de Serret al admitir que no actuó para frenar el 1-O por sus convicciones personales sobre el derecho de autodeterminación.
El proceso independentista catalán de 2017 supuso uno de los mayores desafíos institucionales en la historia reciente de España. El referéndum del 1-O fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, y su celebración derivó en una serie de procedimientos judiciales contra responsables políticos y funcionarios. La amnistía aprobada en 2024 busca cerrar una etapa de enfrentamiento político y judicial, aunque su aplicación sigue generando controversia en distintos ámbitos. La decisión del Supremo sobre Serret refuerza la tendencia a extinguir responsabilidades penales por hechos vinculados al 1-O, en línea con la nueva legislación.
