El Tribunal Supremo ha suspendido el derecho a voto de quienes obtuvieron la nacionalidad española a través de la llamada ley de nietos, alegando que el aumento de nuevos inscritos en el censo electoral podría distorsionar los resultados. La decisión, tomada por cinco magistrados frente a la oposición de una jueza, responde a la preocupación por el fuerte crecimiento de altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) en los últimos meses.
Según la Sala del Supremo, la avalancha de solicitudes y nuevas inscripciones en el CERA pone en duda la transparencia y la confianza en los próximos procesos electorales. Los datos oficiales muestran que, a 1 de julio de 2026, el censo de españoles residentes en el extranjero llegó a 2.736.522 electores, frente a los 2.328.260 registrados en las generales de 2023. El aumento de 408.262 nuevos votantes se concentra sobre todo en circunscripciones como Madrid y Barcelona.
La suspensión afecta únicamente a quienes no han acreditado documentalmente el vínculo de exilio de sus antepasados, manteniéndose el derecho al voto para los casos debidamente justificados.
El tribunal justifica la suspensión cautelar señalando que, si no se adoptaba, cualquier sentencia posterior perdería efecto práctico, ya que el daño al proceso electoral sería irreversible. Además, los magistrados cuestionan la interpretación del Ministerio de Justicia, que permitió la nacionalización masiva bajo la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, entonces dirigida por Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente.
La decisión del Supremo llega tras los recursos presentados por Iustitia Europa y Vox, que recurrieron la negativa de la Junta Electoral Central a intervenir. El tribunal sostiene que la interpretación administrativa que facilitó la obtención de la nacionalidad no se ajusta al contenido literal de la ley, lo que añade inseguridad jurídica al proceso. Según medios como El País y El Mundo, el Supremo advierte de un "riesgo real, serio y fundado" para la objetividad y transparencia de los comicios, y considera que el perjuicio sería "irreversible" si no se actúa de inmediato.
El efecto de la suspensión es inmediato: miles de nuevos ciudadanos españoles, la mayoría residentes en el extranjero, quedan fuera del proceso electoral hasta que se resuelva el fondo del asunto. El caso reabre el debate sobre la gestión de la nacionalidad y el control del censo en un contexto de presión migratoria y polarización política. La ley de nietos, pensada para reparar situaciones históricas de pérdida de nacionalidad, se convierte así en un foco de conflicto institucional y jurídico.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de España aclaró el 4 de septiembre de 2026 que la Ley de Memoria Democrática exige documentación específica para acreditar el exilio o la represión de los antepasados, y que la nacionalidad no se anula por la suspensión del voto, sino que se limita el efecto electoral hasta que se resuelva el litigio.
En España, el CERA es el registro que permite votar a los españoles residentes fuera del país. El crecimiento acelerado de este censo en los últimos años ha generado inquietud sobre la capacidad de las instituciones para garantizar la limpieza y fiabilidad de los procesos electorales. La decisión del Supremo marca un precedente y muestra la tensión entre la ampliación de derechos y la protección de la integridad electoral. El trasfondo político y familiar, con la implicación de la hermana de un ministro en la instrucción cuestionada, añade complejidad a un asunto que, lejos de cerrarse, anticipa nuevos episodios judiciales y políticos en los próximos meses.
