El Tribunal Supremo ha decidido no paralizar la regularización extraordinaria de inmigrantes. Además, no consultará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La medida afecta a más de un millón de personas en España.
El Tribunal Supremo ha dado un paso clave al rechazar la suspensión cautelar de la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha decidido mantener la tramitación del proceso y no elevar ninguna consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la posible incompatibilidad del decreto con la normativa comunitaria. Esta decisión cierra la puerta a que la medida quede congelada mientras se resuelven los recursos presentados.
La resolución afecta directamente a más de 1,1 millones de personas que, según el Ministerio de Migraciones, han solicitado acogerse al real decreto. Comunidades como Aragón y la Comunidad Valenciana, junto con la Comunidad de Madrid y Vox, habían presentado recursos y solicitado la suspensión cautelar, pero el Supremo ha desestimado estas peticiones. Ninguno de los siete magistrados de la sección encargada ha emitido voto particular, a pesar de que tres de ellos habían expresado dudas sobre la posible colisión del decreto con el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea.
El tribunal aún debe pronunciarse sobre el fondo de los recursos, pero la decisión de no paralizar la regularización ni consultar al TJUE supone un avance significativo para el proceso. De haberse elevado la cuestión a la justicia europea, la resolución definitiva podría haberse retrasado varios meses, afectando a miles de inmigrantes en situación irregular que buscan incorporarse al sistema legal, cotizar y acceder a derechos y obligaciones en España.
La medida del Supremo se produce en un contexto de creciente atención a las decisiones judiciales relacionadas con la política migratoria y la aplicación de normas europeas. Recientemente, otros casos de relevancia han puesto de manifiesto la complejidad de la relación entre la justicia española y europea, como ocurrió con la orden de detención de Carles Puigdemont, que sigue vigente hasta que el Tribunal Constitucional resuelva su recurso, según se detalla en este análisis sobre la sentencia europea y su impacto en España.
El real decreto de regularización extraordinaria fue aprobado para permitir que miles de inmigrantes en situación irregular puedan integrarse plenamente en la sociedad española. El proceso ha generado debate político y jurídico, especialmente en comunidades autónomas que han mostrado su rechazo a la medida. El Supremo, por ahora, solo ha adelantado el sentido de su decisión, y se espera que en los próximos días se publiquen los autos con los argumentos detallados. La decisión refuerza la continuidad del proceso de regularización mientras se resuelven los recursos pendientes.
En el contexto europeo, la regularización de inmigrantes es un tema sensible y sujeto a diferentes interpretaciones legales según cada país miembro. El Pacto de Migración y Asilo de la UE establece directrices generales, pero deja margen a los Estados para adaptar sus políticas. En España, la regularización extraordinaria ha sido utilizada en ocasiones anteriores, aunque siempre bajo un intenso escrutinio político y social. La decisión del Supremo puede marcar un precedente para futuras medidas en materia migratoria y su relación con la normativa europea.
