El Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala la amnistía impulsada por el PSOE. El fallo desmonta la ofensiva de PP y Vox contra el Gobierno y reabre el debate sobre la legitimidad política.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha validado la amnistía aplicada por el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios parlamentarios, confirmando su legalidad y considerándola una medida positiva para la reconciliación política. Esta decisión supone un revés para la estrategia de PP y Vox, que desde el inicio de la legislatura en 2023 han sostenido que el Ejecutivo es “ilegítimo” por su acuerdo con fuerzas independentistas catalanas.
La ofensiva de la derecha contra la amnistía a los líderes del independentismo catalán de 2017 se había convertido en el principal argumento para cuestionar la legitimidad del Gobierno y de la mayoría parlamentaria progresista. Sin embargo, el respaldo del TJUE desarma este discurso y deja en evidencia la persistencia de PP y Vox en mantener la confrontación política y judicial contra el independentismo, ahora bajo nuevas acusaciones de “corrupción”.
Este patrón de descalificación no es nuevo en la política española. Ya en 2004, el Gobierno de Rodríguez Zapatero fue objeto de duras críticas por parte de la derecha cuando impulsó el proceso para el fin de ETA, siendo acusado de traicionar a las víctimas. A mediados de los años noventa, el Ejecutivo de Felipe González también fue blanco de campañas que lo tachaban de “paro, despilfarro y corrupción”.
La negativa de ciertos sectores de la derecha a aceptar la legitimidad de gobiernos progresistas tiene antecedentes históricos. Hace 90 años, la falta de reconocimiento de la Segunda República por parte del bloque monárquico contribuyó a la polarización que desembocó en la guerra civil. Aunque la historia no se repite de forma exacta, estos episodios sirven como advertencia sobre los riesgos de la deslegitimación sistemática.
El rechazo a la alternancia política no se limita al ámbito estatal. En Cataluña, los dirigentes de Junts mantienen una actitud similar al negar cualquier mérito al gobierno de Salvador Illa, considerándose los únicos representantes legítimos de la nación catalana. Esta postura se traduce en una oposición constante al Ejecutivo central, con la esperanza de que un cambio en Madrid facilite su regreso al poder en Cataluña.
La tensión entre bloques políticos y la dificultad para aceptar la alternancia democrática marcan la actualidad española. Según el análisis de un reciente estudio sobre la evolución del voto, el bloque conservador ha ganado terreno en los últimos años, mientras el PSOE ha perdido apoyos clave. Este contexto refuerza la importancia de las decisiones judiciales europeas y su impacto en el debate político nacional.
El TJUE actúa como árbitro en cuestiones de legalidad europea, y su respaldo a la amnistía refuerza la posición del Gobierno de Pedro Sánchez en un momento de máxima polarización. La amnistía, aunque polémica, se enmarca en una estrategia de distensión tras la crisis catalana de 2017. El debate sobre la legitimidad y la alternancia sigue siendo central en la política española, con implicaciones tanto en Madrid como en Cataluña. La evolución de este conflicto dependerá de la capacidad de los partidos para aceptar los resultados democráticos y de la influencia de las instituciones europeas en la vida política nacional.
