El Tribunal de Justicia de la UE dictará sentencia clave sobre la amnistía catalana. El fallo puede desbloquear causas y afectar a Puigdemont, pero el Supremo mantiene reservas. Decisión esperada con impacto en la política española.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anunciará este jueves una sentencia decisiva sobre la ley de amnistía española, una norma que ha marcado la agenda política y judicial desde su entrada en vigor en junio de 2024. El fallo llega en un momento de máxima tensión: más de 300 personas, entre ellas políticos, ciudadanos y agentes de policía vinculados al procés, ya han sido beneficiadas, pero figuras clave como Carles Puigdemont siguen fuera del alcance de la medida por decisión del Tribunal Supremo.
La ley, impulsada por el Gobierno en acuerdo con ERC y Junts, pretendía cerrar todas las causas judiciales relacionadas con el independentismo catalán entre 2011 y 2023. Sin embargo, la aplicación ha quedado bloqueada en varios frentes. El Supremo se negó a amnistiar a Puigdemont y otros líderes procesados por malversación, argumentando que el desvío de fondos públicos no es amnistiable si afecta a los intereses económicos de la UE o implica enriquecimiento personal. Esta postura ha generado recursos ante el Tribunal Constitucional, que ya ha respaldado la ley en 19 sentencias, pero mantiene en suspenso los casos más sensibles a la espera del pronunciamiento europeo.
El TJUE debe responder a dos cuestiones prejudiciales clave. La primera, planteada por el Tribunal de Cuentas, afecta a 35 ex altos cargos de la Generalitat, incluidos Puigdemont, Artur Mas y Oriol Junqueras, por el uso de fondos públicos en el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior del procés. El Tribunal de Cuentas sostiene que la amnistía podría chocar con la normativa europea sobre protección de los intereses financieros de la UE. La segunda cuestión, elevada por la Audiencia Nacional, se centra en 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo, y si la ley española es compatible con la directiva europea de 2017 sobre delitos de terrorismo.
El abogado general del TJUE ya se pronunció en noviembre de 2025 a favor de la ley, considerando que no vulnera la directiva europea ni los intereses financieros comunitarios. Aunque su informe no es vinculante, el tribunal suele seguir sus recomendaciones. Además, la Comisión Europea había señalado meses antes que una amnistía para delitos de terrorismo sin víctimas mortales o lesiones graves no necesariamente contraviene la normativa europea.
El TJUE no tiene potestad para anular la ley de amnistía en su conjunto, pero sí puede declarar incompatibles aspectos concretos con el derecho comunitario. Si el tribunal europeo avala la aplicación de la amnistía en los casos planteados, el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional deberán reactivar los procedimientos para aplicar el perdón. Esto podría desencadenar un efecto dominó en otros tribunales, aunque el Supremo mantiene su propia interpretación restrictiva sobre la malversación.
En el caso de Puigdemont, la decisión europea tendrá impacto directo en la causa del Tribunal de Cuentas, pero fuentes del Supremo consideran que sus efectos sobre la orden de detención por malversación serán limitados. El alto tribunal español no consultó a Europa sobre este delito y sostiene que, aunque el TJUE descarte la afectación a los intereses de la UE, seguirá vigente el argumento del enriquecimiento personal, sobre el que no se ha pedido pronunciamiento europeo.
La posibilidad de que Puigdemont regrese a España tras el fallo europeo sigue siendo incierta. El Supremo mantiene activa la orden de detención y no ha mostrado intención de modificar su postura, salvo que el Tribunal Constitucional, que espera la sentencia europea para resolver los recursos de los líderes independentistas, obligue a un cambio de criterio. Según fuentes jurídicas, el Constitucional prevé resolver los primeros recursos en otoño, lo que podría forzar al Supremo a aplicar la doctrina constitucional tanto a condenados como a procesados.
El debate sobre la amnistía y su encaje en el derecho europeo ha generado divisiones en la judicatura y la política española. Mientras tanto, la atención pública se mantiene sobre el TJUE, cuyo fallo puede redefinir el alcance de la ley y el futuro judicial de los principales protagonistas del procés. En este contexto, la relación entre las instituciones españolas y europeas se pone a prueba, como ya ocurrió en otros casos recientes que han enfrentado a tribunales nacionales y comunitarios. Un ejemplo de la complejidad de las decisiones judiciales en España se vio en la reciente condena al Ayuntamiento de Mijas por modificar una escultura sin permiso, un caso que reabrió el debate sobre la protección del patrimonio local y que fue recogido en una publicación anterior de este medio.
Como contexto, el TJUE es la máxima instancia judicial de la Unión Europea en materia de interpretación del derecho comunitario. Sus sentencias son vinculantes para los tribunales nacionales en los aspectos que afectan a la legislación europea. La ley de amnistía fue aprobada en España tras intensas negociaciones políticas y ha sido objeto de recursos por parte de partidos y gobiernos autonómicos. El proceso independentista catalán, iniciado en 2011, ha provocado una de las mayores crisis institucionales en la historia reciente de España, con consecuencias judiciales, políticas y sociales que siguen abiertas en 2026.
