El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía exige al Ayuntamiento de Carboneras anular la licencia de obras del hotel Algarrobico en 20 días. Si no cumple, el tribunal podría intervenir directamente. El caso reaviva el debate sobre la demolición.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha impuesto un plazo de 20 días al Ayuntamiento de Carboneras para que anule la licencia de obras concedida en 2003 al hotel El Algarrobico, situado en pleno Parque Natural de Cabo de Gata. Esta decisión llega tras años de retrasos y maniobras políticas que han impedido ejecutar la sentencia que declaró ilegal la construcción, convertida en símbolo de la especulación urbanística en la costa andaluza.
El alto tribunal andaluz advierte que, si el Consistorio no cumple con la orden, será el propio TSJA quien ejecute la anulación de la licencia, tal y como permite la Ley de lo Contencioso Administrativo. La resolución responde al recurso presentado por Greenpeace, al que se sumaron la Junta de Andalucía y el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), exigiendo que la justicia obligue al Ayuntamiento a revocar el permiso o, en su defecto, actúe directamente para hacerlo efectivo.
La presión sobre el Ayuntamiento de Carboneras se intensificó después de que, el pasado 17 de junio, una moción impulsada por un concejal no adscrito y apoyada por ediles del PSOE y una exconcejal del PP lograra aplazar el pleno en el que debía revisarse de oficio la licencia. Esta maniobra frustró las expectativas de avanzar hacia la demolición del edificio, ya que la anulación del permiso es el paso imprescindible para iniciar el derribo.
El TSJA ya había dictado en 2021 una sentencia que obligaba al Ayuntamiento a iniciar el expediente de revisión de la licencia, pero impedía cualquier demolición hasta que el título fuera oficialmente anulado. Desde entonces, el tribunal ha lanzado varios ultimátums al Consistorio, que ha respondido con sucesivas dilaciones técnicas y políticas. La reciente intervención de Greenpeace y las administraciones autonómica y estatal ha reactivado el proceso judicial.
La situación ha provocado consecuencias políticas inmediatas. El PSOE de Andalucía suspendió de militancia a sus representantes municipales implicados en el aplazamiento y, a través de su secretaria general María Jesús Montero, reclamó la convocatoria de un pleno extraordinario para revocar la licencia y desbloquear la demolición. Montero también dejó abierta la posibilidad de recurrir a la expropiación forzosa, aunque esta vía quedaría en suspenso si prospera la revisión del permiso de obras.
El caso del Algarrobico se ha convertido en un referente nacional sobre la lucha contra la construcción ilegal en espacios protegidos y la lentitud de los procesos administrativos y judiciales. La demolición del hotel sigue pendiente de la anulación formal de la licencia, mientras la vía de la expropiación permanece activa según fuentes del Miteco. En el contexto de la política española, los conflictos urbanísticos y las sentencias judiciales han marcado la agenda en los últimos años, como ocurrió con la condena a José Luis Ábalos por corrupción, detallada en una reciente resolución del Tribunal Supremo sobre tramas políticas.
El hotel El Algarrobico, construido en una zona de especial protección ambiental, ha sido objeto de múltiples litigios desde su edificación. La anulación de la licencia es el requisito legal para proceder a su derribo, una demanda histórica de colectivos ecologistas y parte de la sociedad andaluza. El caso ilustra la complejidad de revertir proyectos urbanísticos ilegales y la importancia de la coordinación entre administraciones para garantizar el cumplimiento de la ley en materia de medio ambiente y ordenación del territorio.
