Maricarmen Abascal quiso ser dueña de un chalet en la sierra de Madrid. El intento acabó en los tribunales y terminó con un embargo. El Banco Zaragozano reclamó la hipoteca y llevó el caso al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Collado-Villalba. El expediente, con número 117/99, quedó reflejado en el Boletín Oficial del Estado el 13 de junio de 2000. El edicto confirmó que el proceso era formal y estaba documentado en el BOE.
La casa está en la urbanización Reajo del Roble, cerca del embalse de Navacerrada. En el registro aparecía como “en construcción”. Sin embargo, fuentes consultadas dicen que estos desfases entre el registro y la realidad son habituales. No se descarta que la vivienda ya estuviera terminada y que Maricarmen la habitara antes del embargo.
En septiembre de 2026, Maricarmen Abascal fue desalojada de su piso en Madrid tras la compra del edificio por un fondo de inversión, lo que desencadenó protestas nacionales.
El juzgado puso el precio de salida de la primera subasta en 20 millones de pesetas. La puja se fijó para el 13 de julio de 2000. Si no había postores, se preveían dos subastas más: una en septiembre y otra en octubre, esta última sin precio mínimo. El Banco Zaragozano había dado la financiación, pero cuando Maricarmen no pudo pagar, el banco reclamó la deuda por vía judicial.
Este episodio choca con la imagen pública de Maricarmen Abascal como referente en la lucha por la vivienda. Antes de su desahucio mediático en un piso céntrico de Madrid, ya había vivido un conflicto inmobiliario serio. Urbagestión, la empresa dueña del piso donde residía desde hacía 71 años, afirmó en un comunicado que Maricarmen estuvo empadronada en Collado Mediano hasta 2001. Esto refuerza la idea de que llegó a vivir en el chalet embargado.
El caso del piso de Madrid también tuvo su propia batalla legal. Según Urbagestión, el contrato de arrendamiento firmado en 1956 bajo el régimen de renta antigua quedó extinguido por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994. La segunda subrogación, hecha en 2005, no cumplía los requisitos legales. No se acreditó discapacidad ni se realizó antes de 2004. Así, según la empresa, Maricarmen perdió el derecho a seguir en la vivienda.
Tras el desahucio de Maricarmen en Madrid, el Gobierno de España anunció la intención de prohibir los desalojos hasta 2030 y reforzar la protección de los inquilinos, en respuesta a la presión social y las protestas masivas que se extendieron por todo el país.
La historia de Maricarmen no es única en el panorama de los conflictos de vivienda en España. Como se recoge en un análisis anterior, los litigios inmobiliarios y las disputas por la propiedad han marcado la agenda social y política en Madrid y otras regiones.
El embargo del chalet en Collado Mediano y el posterior desahucio en Madrid muestran cómo los cambios en la ley y las condiciones de los contratos pueden dejar a familias vulnerables, incluso tras décadas en una vivienda. La experiencia de Maricarmen Abascal deja ver lo complicado que son los procedimientos hipotecarios y de alquiler en España. La diferencia entre lo que dice el registro y la realidad puede ser clave. En un país donde cada vez es más difícil acceder a una vivienda, casos como este muestran la necesidad de revisar la normativa y los mecanismos de protección para inquilinos y propietarios. El caso de Maricarmen no es una excepción. Refleja los problemas estructurales del mercado inmobiliario español y la falta de claridad y seguridad jurídica que hace que estas historias se repitan.
Según Reuters, tras el desalojo, a Maricarmen le ofrecieron volver a su piso en Madrid con un nuevo contrato de alquiler. La renta mensual rondaba los 2.650 euros, una cifra que desató un fuerte debate público sobre la asequibilidad y la protección de los arrendatarios. La situación de Maricarmen se convirtió en símbolo de la crisis de vivienda en España y empujó la discusión sobre reformas legales y sociales. Más detalles sobre la evolución del caso están en el Boletín Oficial del Estado.
