Gaspar Sarrias de nuevo investigado: caso Leire y anulación de la sentencia ERE. El exconsejero del Gobierno andaluz Gaspar Sarrias vuelve a estar en el centro de la atención pública. Es sospechoso de participar en una trama vinculada al caso Leire. Previamente, parte de la sentencia del caso ERE fue anulada por el Tribunal Constitucional.
En Andalucía vuelve a estallar un escándalo en torno a Gaspar Sarrías, uno de los políticos más influyentes de la región en las últimas décadas. El ex consejero del gobierno y ex secretario de los socialistas de Jaén se ha convertido en protagonista de una nueva investigación: el juez Santiago Pedraz lo ha imputado en el caso Leire, relacionado con intentos de influir en procesos judiciales que afectaban a los intereses del partido y del gobierno.
Según la investigación, la empresa Zaño Sociedad Consultora, propiedad de Sarrías, contrató en 2024 a la ex socialista Leire Díez. Por cuatro meses de trabajo cobró 16.000 euros. Se investiga si este mecanismo fue una forma de financiación a través de estructuras del PSOE, así como si el encargo tenía relación con averiguar el papel del ex comisario José Manuel Villarejo en el caso ERE. El propio Sarrías declaró ante el juez en 2026 que la iniciativa fue exclusivamente suya, y no del partido, y que los resultados del trabajo no confirmaron la implicación de Villarejo.
La historia de Sarrías está profundamente vinculada a la vida política andaluza. Su familia sufrió la represión durante el franquismo: su padre y ambos abuelos fueron encarcelados, y uno de ellos fue fusilado. El propio Sarrías inició su carrera política a los 17 años, convirtiéndose en activista del PSOE. En Jaén creó una sólida escuela de partido y, a los 27 años, fue elegido parlamentario andaluz. En 1988 asumió como consejero de la Presidencia y posteriormente de Industria, donde supervisó las políticas de apoyo empresarial que más tarde darían origen al caso ERE.
Durante 13 años, Sarrias fue una figura clave en el gobierno de Manuel Chaves y, tras su salida, se convirtió en vicepresidente e incluso ejerció temporalmente como presidente de la autonomía. Más tarde se trasladó a Madrid, donde ocupó un cargo en el Ministerio de Cooperación Territorial. Sin embargo, tras la apertura del caso ERE y la posterior condena a nueve años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, Sarrias abandonó el PSOE. Posteriormente, el Tribunal Constitucional anuló parte de la sentencia, pero la carrera política del exconsejero quedó en entredicho.
Actualmente, Sarrias ejerce la abogacía de forma privada, trabaja con diversos clientes, incluidas federaciones deportivas, y mantiene el contacto con antiguos colegas. Según RUSSPAIN, suele visitar con frecuencia a los condenados por el caso ERE y a sus familias. En los últimos días, ante nuevos registros e interrogatorios, su comportamiento ha cambiado notablemente, según destacan personas de su entorno.
El contexto del caso Sarrias recuerda a otros procesos de corrupción de gran repercusión en España. Por ejemplo, recientemente, el ex primer ministro Alberto Aznar exigió nuevas elecciones ante las acusaciones de corrupción,lo que volvió a poner sobre la mesa la transparencia del poder y la responsabilidad de los políticos.
Para referencia: el caso ERE se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de Andalucía, llevando a la condena de 19 altos cargos. En 2025, el Tribunal Constitucional anuló parcialmente las sentencias, lo que provocó una nueva ola de debates sobre los límites de la responsabilidad y el papel de las estructuras partidistas en este tipo de tramas. La situación en torno a Sarrias subraya hasta qué punto en España sigue siendo crítico el asunto de la confianza en las instituciones políticas y la transparencia de su funcionamiento.
