Las autoridades posponen el desalojo de una familia en Sant Roc: los inversores se niegan a alquilar la vivienda. En uno de los barrios más pobres de Cataluña, una familia con niños se enfrenta a una amenaza de desalojo. El inversor exige la compra del piso, pero se niega a alquilarlo. El ayuntamiento ha conseguido aplazar el proceso.
En Badalona, en el barrio de Sant Roc, donde vive una de las poblaciones más vulnerables de Cataluña, un nuevo desahucio de una familia con menores fue temporalmente suspendido por decisión judicial. Magdalena Cortés, de 70 años, que reside en este piso desde hace casi medio siglo, se vio amenazada de perder su vivienda junto a cuatro hijos, dos nietos y otros familiares. Según medios españoles, la promotora del desahucio es la empresa Promontoria Real State Coliseum, vinculada a un fondo de inversión que ha adquirido una parte significativa del parque de viviendas en esta zona.
Rechazo al alquiler
La situación se complica por la posición del propietario: el fondo inmobiliario no solo exige que se desaloje el piso, sino que se niega categóricamente a firmar un contrato de alquiler con los actuales inquilinos. Según familiares de Magdalena Cortés, la empresa ofreció una única opción: comprar la vivienda por una cantidad que inicialmente era de 49 mil euros y que luego se redujo a 30 mil. Sin embargo, incluso esta cifra resulta inalcanzable para una familia que vive de la pensión, especialmente considerando la exigencia de pagarla al contado.
Presión sobre el Ayuntamiento
El día en que debía ejecutarse el desahucio, representantes de los servicios municipales y activistas lograron un aplazamiento hasta finales de junio. Durante este tiempo, las autoridades locales tendrán que intentar encontrar una solución alternativa o convencer al propietario para que ceda. Según plataformas locales de defensa de los inquilinos, casos similares en Sant Roc se han vuelto habituales: los fondos que compraron pisos a los bancos no están dispuestos a invertir en reformas y prefieren vender las viviendas en lugar de alquilarlas.
Un problema para todo el barrio
Según señalan los miembros del movimiento contra los desahucios, la política de los grandes inversores es inflexible: descartan el alquiler para evitar gastos adicionales en el mantenimiento de las viviendas. Incluso con una rebaja del precio hasta 30–40 mil euros, la compra sigue siendo inaccesible para la mayoría de las familias sin ingresos estables. Como resultado, muchos residentes se ven ante la disyuntiva de abandonar su única vivienda o volver a ocuparla tras el desahucio, a pesar de los riesgos.
Las autoridades de Badalona y los activistas exigen a la administración de Cataluña que intensifique la presión sobre los grandes propietarios para que liberen parte de su parque inmobiliario para alquiler y ofrezcan alternativas reales a las familias en situación de vulnerabilidad. De lo contrario, según los vecinos, el problema de los desahucios en Sant Roc no hará más que aumentar.
