La Asociación Fiscal acusa a los críticos de minar la confianza en la Fiscalía. En España ha estallado un conflicto en torno a las decisiones de personal de Teresa Peramato. La Asociación de Fiscales Progresistas ha denunciado intentos de desacreditar la institución. Los críticos hablan de un “plan de evacuación” y de parcialidad.
En España ha estallado un conflicto agudo en torno a los nuevos nombramientos en la Fiscalía General. Tras concluir la renovación de la dirección, Teresa Peramato acusó públicamente, a través de la Asociación de Fiscales Progresistas (UPF), a sus opositores de intentar sistemáticamente socavar la legitimidad del organismo. Según la UPF, las críticas a las últimas decisiones van más allá del debate profesional y perjudican la reputación de toda la institución.
El 27 de febrero, Teresa Peramato realizó por primera vez una serie de nombramientos discrecionales, incorporando a su equipo a varios antiguos colaboradores de su predecesor, Álvaro García Ortiz. Entre ellos se encuentran Ana García León y Diego Villafañe. Al mismo tiempo, fiscales vinculados al caso del procés catalán, como Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, no recibieron promociones. Esta medida marcó el inicio de una profunda reestructuración de los principales departamentos, incluido el Secretariado Técnico, un órgano tradicionalmente formado por personas de confianza del titular de la Fiscalía.
Críticas y acusaciones
Tras finalizar la renovación del equipo, Peramato nombró a Isabel Martín como responsable de la Fiscalía de Madrid, en sustitución de Almudena Lastra, quien esperaba la prórroga de su cargo. Al mismo tiempo, se tomaron decisiones respecto a otras figuras clave: se denegó la adscripción de Julián Salto a la Audiencia Nacional, mientras que Pilar Rodríguez, ex fiscal jefe de Madrid, obtuvo un puesto en el Tribunal Supremo. En la Fiscalía de Galicia, la nueva adjunta es Pilar Fernández, esposa de García Ortiz.
La Asociación de Fiscales (AF), la más grande dentro del colectivo profesional, interpretó estos movimientos como un “plan de evacuación”: a su juicio, se trata de un traslado intencionado de empleados leales hacia puestos seguros. AF prestó especial atención a Almudena Lastra, subrayando que su reputación profesional nunca había sido cuestionada, aunque se atrevió a disentir públicamente de la postura oficial en el caso García Ortiz. Sobre Pilar Rodríguez, quien estuvo imputada junto al ex fiscal general pero fue absuelta por el Tribunal Supremo, la AF declaró que carece de experiencia para desempeñarse en la sección social del tribunal.
Respuesta de los fiscales progresistas
La UPF, en respuesta a las acusaciones, subrayó que la crítica solo es válida cuando se respetan los estándares profesionales y la institución. En su opinión, el uso masivo de etiquetas como “purga” o “arbitrariedad” no solo carece de fundamento en los hechos, sino que también mina la confianza en la fiscalía y sus miembros. La UPF insiste en que todos los candidatos que participaron en el concurso cuentan con los méritos suficientes, y que es tarea de la dirección decidir cuál de ellos es el más adecuado para cada puesto en concreto.
La asociación también señaló que la experiencia en los órganos centrales de la Fiscalía, como la Secretaría Técnica, siempre se ha considerado una importante ventaja. Los intentos de restar valor a esta experiencia, según la UPF, distorsionan la realidad y no se corresponden con las tradiciones del organismo. En la declaración se enfatiza que, si cualquier decisión que no coincida con las expectativas de cierto grupo es automáticamente declarada ilegítima, esto genera una falsa percepción del trabajo de la Fiscalía y perjudica su prestigio.
Contexto político y consecuencias
Las críticas a los nuevos nombramientos también provinieron del Partido Popular, donde los cambios de personal fueron calificados de "purgas internas" tras la condena de García Ortiz. Desde la UPF consideran que este tipo de declaraciones, especialmente procedentes de colegas de profesión, solo incrementan la desconfianza y perjudican la imagen de la Fiscalía. La asociación subraya que la experiencia es un criterio importante, pero no el único, y que en la selección de directivos se tienen en cuenta las habilidades de gestión, la competencia técnica y la adecuación a las tareas del área correspondiente.
Las cuestiones sobre la legitimidad de las decisiones en la Fiscalía española ya se han planteado anteriormente. Por ejemplo, recientemente en el Parlamento Europeo se debatió la retirada de la inmunidad a un diputado acusado de acosar a una fiscal de Valencia; más detalles sobre ello en el artículo sobre la decisión del Parlamento Europeo en el caso Alvise Pérez.
