El Gobierno y la Junta de Castilla y León chocan por la apertura de 31 km de la A-11. El Ministerio acusa de bloqueo, mientras la Junta prioriza la seguridad vial. El conflicto afecta a varios municipios de Valladolid.
El Ministerio de Transportes y la Junta de Castilla y León mantienen un pulso abierto por la puesta en servicio de 31 kilómetros de la autovía A-11, un tramo clave para reducir la siniestralidad en la peligrosa N-122 entre Tudela de Duero y Valbuena de Duero. El Gobierno central, a través del departamento de Óscar Puente, asegura que la infraestructura está lista y cuenta con el aval de la Dirección General de Tráfico (DGT), pero las autoridades autonómicas y la Diputación de Valladolid han frenado la apertura, alegando riesgos para la seguridad vial en carreteras secundarias y en varios pueblos afectados por el desvío temporal del tráfico.
La disputa se centra en el impacto que tendría la circulación desviada sobre vías como la VP-3301, la VA-101 y la travesía de Pesquera de Duero, mientras se termina un puente pendiente sobre el río Duero. Transportes defiende que la apertura parcial permitiría reducir accidentes mortales en la N-122, siempre que se refuercen medidas de señalización y control en los puntos críticos. El ministerio propone instalar semáforos inteligentes, reforzar pasos de peatones y proteger entornos escolares en Pesquera y Peñafiel, además de mantener el tráfico pesado por la N-122 para evitar sobrecargar las carreteras menores.
La Junta, presidida por Alfonso Fernández Mañueco, rechaza la propuesta estatal y sostiene que la obra no está realmente finalizada, ya que la estructura sobre el Duero no soportaría el incremento de vehículos previsto. Según sus cálculos, el tráfico en la VA-101 podría triplicarse, con un aumento significativo de vehículos pesados, lo que pondría en riesgo tanto el firme como la seguridad de peatones, ciclistas y tractores que utilizan la vía. La Consejería de Movilidad insiste en que debe prevalecer la seguridad vial y reclama información oficial sobre la fecha y condiciones de apertura.
El Ministerio de Transportes acusa a la Junta y la Diputación de boicot y de anteponer intereses políticos al beneficio ciudadano, lamentando lo que considera un bloqueo injustificado a una mejora largamente esperada en una de las carreteras más peligrosas de la región. Por su parte, la Junta pide máxima coordinación institucional y rechaza la confrontación, subrayando la necesidad de soluciones técnicas y administrativas claras antes de cualquier inauguración.
Ambas partes se reunieron este miércoles y acordaron que Transportes remita alternativas para gestionar el tráfico en la zona conflictiva. Puente ha avanzado que se podría abrir el tramo ya construido en dirección Valladolid y parte del sentido Peñafiel, evitando así que la inversión quede sin uso mientras se finalizan los trabajos pendientes. La Junta, sin embargo, mantiene su postura de cautela hasta que se garantice la seguridad en todos los accesos y travesías afectadas.
El conflicto por la A-11 se suma a otros episodios recientes de tensión entre administraciones por la gestión de infraestructuras y emergencias en España. En situaciones similares, como la gestión de incendios y cortes de carreteras en la Comunidad de Madrid, la coordinación entre distintos niveles de gobierno ha sido clave para minimizar riesgos y daños, como se vio durante la evacuación de urbanizaciones por el fuego en Lozoyuela (ver detalles sobre la respuesta ante emergencias en Madrid).
La N-122 es una de las vías con mayor siniestralidad de Castilla y León, con más de 600 fallecidos en las últimas tres décadas y seis muertes registradas solo en 2026. La transformación en autovía ha sufrido retrasos históricos y cada avance genera expectativas y tensiones en la región. El tramo afectado atraviesa la Ribera del Duero, una zona de intenso tráfico agrícola y turístico. La decisión final sobre la apertura parcial de la A-11 marcará el futuro inmediato de la movilidad y la seguridad en este corredor estratégico para Valladolid y su entorno.
