El principal asistente de Mazón comparece en el Congreso por la tragedia de Valencia. José Manuel Cuenca prestó declaración en el Congreso sobre la catástrofe del 29 de octubre de 2024. Sus acciones y órdenes durante el día de la tragedia han generado un intenso debate. Las autoridades explican por qué no reaccionaron a tiempo.
Este lunes en Madrid, la atención pública se centró en José Manuel Cuenca, quien ocupaba el cargo de jefe de gabinete del presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, durante las devastadoras inundaciones. Fue citado ante la comisión parlamentaria para esclarecer la gestión de la crisis del 29 de octubre de 2024. La comparecencia se produjo tras las recientes declaraciones de la exconsejera de Justicia y de Interior, Salomé Pradas, quien afirmó que Cuenca le ordenó personalmente no molestar al presidente en pleno desastre.
A pesar de la prohibición, Pradas intentó contactar con Mazón a las 16:29, pero él rechazó la llamada. No fue hasta una hora después, cuando el número de víctimas ya superaba la veintena, que el presidente la devolvió. Para entonces, el centro de operaciones de emergencias ya estaba en funcionamiento en la región y la situación se deterioraba rápidamente. Según cifras oficiales, ese día en Valencia murieron al menos 229 personas.
Cronología de los hechos
Cuenca, quien ya había declarado ante el tribunal en este caso, fue responsable de la agenda del presidente el día de la catástrofe. En particular, no canceló el almuerzo programado de Mazón con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro, que se prolongó hasta las 18:45. Durante ese tiempo, Pradas intentó llamar al presidente tres veces más, pero desde las 18:30 hasta las 19:43 él no respondió, explicando que el teléfono estaba en la mochila y no escuchó las llamadas. Para cuando se restableció la comunicación, la decisión de enviar la alerta de emergencia ES-Alert ya había sido tomada. El mensaje llegó a los teléfonos móviles de los residentes a las 20:11, cuando el número de víctimas ya era de 155 y otras 37 personas estaban en estado crítico.
De las 105 llamadas registradas por la exasesora, solo 12 fueron con Mazón. Cuatro de ellas las canceló él mismo, tres de las cuales en las horas más críticas del temporal. Solo se realizaron dos conversaciones, y las restantes ocurrieron justo antes de su llegada al centro operativo. Ese día, Pradas tuvo siete contactos con Cuenca, dos de los cuales tampoco se concretaron. En una entrevista televisiva explicó que mantenía la comunicación con el equipo del presidente a través de mensajes, informando sobre la situación en la presa de Forata y la necesidad de alertar masivamente a la población.
La postura de otros funcionarios
Ese mismo día, tomó la palabra en el Congreso José Antonio Rovira Jover, responsable de educación, cultura y empleo en el gobierno valenciano. Afirmó que no se sentía responsable de lo sucedido, ya que por la mañana recibió por parte del delegado del gobierno la garantía de que las condiciones meteorológicas mejorarían por la tarde. Por ello, se fue a comer a Alicante.
Sin embargo, según los documentos del caso, la delegada del gobierno Bernabé ya a las 12:23 había ofrecido a Pradas la ayuda del ejército, considerando la gravedad de las lluvias y las advertencias de los meteorólogos. Repitió la propuesta en dos ocasiones más, pero fue rechazada. Rovira insistió en que no disponía de información suficiente para tomar decisiones, aunque ya en la mañana del 29 de octubre, 17 municipios habían suspendido las clases y la Universidad Politécnica de Valencia también había detenido sus actividades académicas por la amenaza de inundación en las carreteras.
Preguntas sobre la actuación de las autoridades
Durante las audiencias se evidenció que existían serios problemas de comunicación entre los funcionarios y la presidenta. En las horas críticas, cuando la situación requería decisiones inmediatas, muchas llamadas no fueron contestadas y los mensajes llegaban con retraso. La decisión de enviar una alerta de emergencia solo se tomó cuando el número de víctimas ya era catastrófico.
El escándalo en torno a la orden de "no molestar" al presidente el día de la tragedia ha provocado una ola de críticas hacia las autoridades de la autonomía. La sociedad exige explicaciones sobre por qué los altos cargos no respondieron a las señales de alarma ni coordinaron las acciones durante la emergencia. También persisten las dudas sobre por qué se rechazaron las ofertas de ayuda y la información sobre la magnitud del desastre no llegó a la dirección a tiempo.
