El Gobierno aún no ha aprobado la ley que hará obligatoria la reparación de móviles y televisores fuera de garantía. El plazo europeo expira, pero España sigue sin transponer la directiva. La medida afectará a productos clave del hogar.
El 31 de julio marca un límite importante para la adaptación de la nueva directiva europea sobre el derecho a reparar, pero España llega a la fecha sin haber aprobado la ley nacional que hará obligatoria la reparación de móviles, televisores y otros electrodomésticos fuera de garantía. Aunque la Directiva (UE) 2024/1799 entró en vigor el 30 de julio de 2024 y otorga a los Estados miembros hasta el 31 de julio de 2026 para transponerla, el registro oficial EUR-Lex no recoge ninguna medida española comunicada hasta el momento.
La futura normativa, que aún sigue en tramitación parlamentaria, no abarcará todos los dispositivos electrónicos, sino una lista concreta de productos. Entre ellos figuran teléfonos móviles, tabletas, televisores, lavadoras, frigoríficos, lavavajillas, secadoras, aspiradoras y algunos equipos informáticos y de transporte ligero con batería. Cada categoría estará sujeta a requisitos técnicos específicos y a plazos de disponibilidad de repuestos que, según la Comisión Europea, suelen oscilar entre cinco y diez años.
Obligaciones para fabricantes
Una vez que España complete la transposición, los fabricantes estarán obligados a ofrecer la reparación de los productos incluidos si el consumidor lo solicita y la reparación es viable. El servicio podrá ser gratuito o tener un coste razonable, y deberá realizarse en un plazo adecuado. La norma no garantiza reparaciones gratuitas en todos los casos, pero sí busca evitar que el precio o la demora hagan inviable prolongar la vida útil de los equipos.
Además, las marcas deberán facilitar repuestos, herramientas e información técnica en condiciones claras para cada tipo de producto. Los precios de las piezas no podrán ser disuasorios y las empresas tendrán que mostrar de forma accesible los precios orientativos de las reparaciones más habituales. No podrán rechazar el servicio solo porque el aparato haya sido intervenido previamente por otro taller o porque se hayan utilizado piezas compatibles que cumplan la normativa.
Qué productos quedan cubiertos
El derecho a reparar no se aplicará a cualquier aparato electrónico. El anexo de la directiva detalla los productos sujetos a los nuevos requisitos: móviles, teléfonos inalámbricos, tabletas, televisores, pantallas electrónicas, lavadoras, lavasecadoras, lavavajillas, frigoríficos, secadoras, aspiradoras, equipos de soldadura, servidores, sistemas de almacenamiento y vehículos ligeros con batería. Cada grupo dependerá de su propia normativa técnica y de los plazos de repuestos fijados a nivel europeo.
La obligación de reparación tampoco será indefinida. Su duración estará ligada al periodo durante el cual la legislación europea exija la disponibilidad de piezas para cada producto. Este nuevo régimen convivirá con las garantías legales y los derechos actuales del comprador, pero reparar fuera de garantía y reclamar por falta de conformidad seguirán siendo vías distintas.
Cambios en la garantía legal
La directiva también introduce una mejora para quienes opten por reparar un producto aún cubierto por la garantía legal: si el consumidor elige la reparación, el periodo de responsabilidad del vendedor se ampliará doce meses una sola vez. Esta mejora se aplicará a bienes adquiridos a partir del 31 de julio de 2026. El vendedor deberá informar al cliente sobre esta opción antes de resolver cualquier incidencia.
Mientras la ley española no esté aprobada y publicada, los consumidores pueden conservar la factura, el modelo, el número de serie y el diagnóstico técnico del producto. También es recomendable solicitar al fabricante un presupuesto escrito, el plazo estimado y la causa concreta de una posible negativa a reparar. Esta documentación será clave para comparar condiciones y dejar constancia de la solicitud cuando la normativa nacional entre en vigor.
Contexto y próximos pasos
El Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta el anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible el 1 de julio de 2025, pero según una respuesta oficial al Congreso del 9 de abril de 2026, las medidas seguían en tramitación. La ficha de EUR-Lex consultada el 30 de julio de 2026 confirma que España aún no ha comunicado ninguna disposición nacional. Por tanto, no es correcto anunciar que los consumidores podrán exigir la reparación fuera de garantía desde el 1 de agosto.
La Comisión Europea prevé lanzar en 2027 una plataforma para localizar reparadores y vendedores de productos reacondicionados, lo que facilitará el acceso a servicios de reparación en toda la Unión. El avance hacia dispositivos más duraderos y reparables responde a la presión social y ambiental para reducir residuos y fomentar la economía circular. Sin embargo, la efectividad de la medida dependerá de la rapidez con la que España adapte su legislación y de la claridad con la que se informe a los consumidores sobre sus nuevos derechos.
