El Ministerio Público examina si un hospital de Vélez-Málaga empleó reactivos vencidos en análisis clínicos. La denuncia del CSIF apunta a riesgos para miles de pacientes y posibles irregularidades desde 2020.
La Fiscalía de Málaga ha iniciado una investigación para esclarecer si el laboratorio del hospital público de la Axarquía, en Vélez-Málaga, utilizó reactivos caducados en pruebas clínicas. El proceso se abrió tras la denuncia presentada por el sindicato CSIF, que aportó fotografías, mensajes y testimonios que apuntan a una práctica supuestamente extendida desde 2020. Según la denuncia, el uso de estos productos podría haber afectado a miles de pacientes y generado resultados poco fiables en los análisis.
El Ministerio Público ha solicitado información detallada al centro hospitalario para determinar si existen indicios de delito o si el caso debe archivarse. La Junta de Andalucía confirmó que ya remitió la documentación requerida, aunque, al tratarse de un procedimiento judicial en curso, no ha ofrecido más detalles sobre el contenido ni sobre las medidas adoptadas.
La denuncia del CSIF, presentada en marzo tras varios intentos de resolver la situación internamente, incluye más de un centenar de imágenes de reactivos con fechas vencidas, conversaciones de WhatsApp y testimonios de al menos diez trabajadores del laboratorio. El sindicato sostiene que las máquinas detectaban la falta de fiabilidad de los reactivos, pero se forzaba su uso, y denuncia también la manipulación de etiquetas y el rellenado de envases, lo que dificultaría la trazabilidad de los análisis.
Entre las medidas solicitadas por el sindicato figuraba la suspensión cautelar de dos cargos intermedios presuntamente implicados en la autorización de estas prácticas. Sin embargo, estos responsables han respondido con una querella contra tres delegados sindicales y el propio CSIF, en un proceso judicial paralelo que sigue abierto. La investigación interna del hospital concluyó sin consecuencias, lo que, según el sindicato, incrementó la preocupación sobre la gestión del caso.
El caso ha generado inquietud entre los técnicos del laboratorio, que denuncian presiones desde que la situación salió a la luz. Desde CSIF insisten en que la sanidad pública no puede permitirse este tipo de riesgos y reclaman garantías para los pacientes. Por su parte, la Junta de Andalucía reitera que ha colaborado con la Fiscalía y que no puede difundir información adicional mientras dure la investigación.
El PSOE ha aprovechado la polémica para criticar la gestión sanitaria del PP en Andalucía, reclamando más recursos y seguridad en el sistema público. Este episodio se suma a otros incidentes recientes en hospitales malagueños, como el ocurrido en el Hospital Clínico Virgen de la Victoria, donde una contaminación en la maquinaria de análisis provocó 400 falsos positivos en pruebas de sangre oculta en heces. En ese caso, los técnicos detectaron la anomalía y se repitieron las pruebas a los pacientes afectados.
La preocupación por el uso indebido de recursos públicos y la gestión de los centros sanitarios no es nueva en España. En ocasiones anteriores, han salido a la luz casos de presuntas irregularidades en la administración de fondos y recursos, como ocurrió en la trama Kitchen, donde la Abogacía del Estado acusó a altos cargos de emplear medios públicos para fines ajenos a la legalidad, según se detalla en un reportaje sobre el uso de fondos públicos en operaciones irregulares.
En el contexto sanitario, el uso de reactivos caducados puede comprometer la fiabilidad de los diagnósticos y la seguridad de los pacientes. Los protocolos exigen un control estricto de la trazabilidad y la validez de los materiales empleados en los análisis clínicos. La investigación de la Fiscalía determinará si existieron responsabilidades penales o si el caso queda en el ámbito administrativo. Mientras tanto, el debate sobre la gestión y los recursos en la sanidad pública andaluza sigue abierto.
