Un hombre con 28 detenciones previas mató a su expareja en Figueres tras ser liberado por el juez. Fiscalía y juzgado no aplicaron prisión provisional pese a amenazas explícitas. El caso ha provocado revisión de protocolos.
El asesinato de Kimberly, ocurrido en Figueres el 19 de mayo, ha puesto en el centro del debate la gestión judicial y fiscal de los casos de violencia machista en España. El agresor, con un historial de 28 detenciones, fue liberado horas antes del crimen pese a haber amenazado con matar a la víctima mientras estaba bajo custodia policial, según recoge el atestado consultado por EL PAÍS.
La secuencia de hechos comenzó el 17 de mayo, cuando los Mossos d'Esquadra detuvieron al hombre por maltrato y amenazas contra Kimberly. Al día siguiente, en un juicio rápido, el acusado admitió los hechos y recibió una condena de seis meses de prisión, suspendida durante dos años, junto a una orden de alejamiento. Sin embargo, tras quedar en libertad, volvió a agredir a la mujer y fue arrestado de nuevo por quebrantar la orden judicial.
El caso pasó entonces al juzgado de guardia de Figueres. La víctima fue citada para ratificar la denuncia y ser examinada por el forense, pero no acudió. En ese momento, la Fiscalía, única acusación presente, no solicitó prisión provisional ni otras medidas cautelares. El juez acordó la libertad provisional del acusado, que salió de los juzgados al mediodía del 19 de mayo. Horas después, asesinó a Kimberly con un cuchillo en una plaza céntrica de la ciudad.
Fuentes de la Fiscalía de Girona han reconocido su insatisfacción con la actuación de la fiscal encargada y han señalado como cuestionable la ausencia de medidas cautelares, aunque atribuyen la decisión a la falta de comparecencia de la víctima. Tras el crimen, la Fiscalía ha anunciado la revisión de sus protocolos para reforzar la localización de víctimas que no acuden a declarar y para entender los motivos de su ausencia. También se ha puesto en duda la actuación del juez de guardia, que no convocó una vista para valorar la prisión provisional, una diligencia que solo puede decidir el magistrado.
La familia de Kimberly exige una investigación sobre los fallos previos al asesinato, más allá de la condena al acusado. El abogado de la familia, Yrving Navarro Alvarado, sostiene que existían indicios suficientes para solicitar el ingreso en prisión y que, de haberse adoptado esa medida, la muerte podría haberse evitado.
El caso de Figueres ha reabierto el debate sobre la eficacia de las medidas de protección en situaciones de violencia de género y la coordinación entre juzgados, fiscalía y cuerpos policiales. En España, la ley contempla la prisión provisional en casos de riesgo para la víctima, pero su aplicación depende de la valoración judicial y de la solicitud de las partes. Según datos del Ministerio del Interior, en los últimos años se han reforzado los protocolos de actuación y seguimiento de víctimas, aunque persisten desafíos en la detección temprana y la protección efectiva. El caso de Kimberly subraya la importancia de revisar los procedimientos para evitar que amenazas explícitas y antecedentes graves queden sin respuesta adecuada.
