El Govern nombra a Fuensanta Alcalá como responsable de la nueva Dirección General de Disciplina de Vivienda. El objetivo es reforzar la inspección y las sanciones ante el fraude en el mercado inmobiliario catalán.
El Govern de Cataluña ha decidido crear una Dirección General de Disciplina de Vivienda y situar al frente a Fuensanta Alcalá, figura clave en la política de control del mercado inmobiliario en Barcelona durante los mandatos de Ada Colau. El nombramiento, que se prevé oficializar el 28 de julio, responde a la presión de los Comuns para reforzar la inspección y la capacidad sancionadora frente al fraude en el alquiler y la compraventa de viviendas.
La nueva dirección general asumirá competencias que hasta ahora estaban en manos de la Agència de l’Habitatge de Catalunya. El cambio busca centralizar y agilizar la tramitación de expedientes por infracciones, especialmente en un momento en que el Ejecutivo catalán quiere intensificar el control sobre el cumplimiento de la normativa de alquiler y limitar la especulación en zonas tensionadas.
Fuensanta Alcalá, licenciada en Derecho y diplomada en Magisterio, cuenta con más de cuarenta años de experiencia en políticas públicas de vivienda. Fue la primera directora del Departamento de Disciplina de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, donde impulsó el modelo municipal de inspección y disciplina desde 2015. Además, participó en la elaboración de informes jurídicos y técnicos que avalaron la proposición de ley para restringir la compra especulativa de viviendas, una medida que generó debate entre partidos como PSC y ERC.
La creación de este órgano específico era una de las principales demandas de los Comuns, que reclamaban a la Generalitat mecanismos más efectivos para garantizar la aplicación de las medidas aprobadas, en especial las relacionadas con la contención de rentas y la persecución del fraude en los contratos de alquiler. La formación liderada por Jéssica Albiach defendía que la dispersión de competencias dificultaba la eficacia de las sanciones y el control real del mercado.
El Consell Executiu prevé aprobar tanto la estructura de la nueva dirección como el nombramiento de Alcalá en su última reunión antes del parón estival. Según ha podido saber EL PAÍS, la decisión busca consolidar la intervención pública en el mercado inmobiliario y trasladar la experiencia municipal de Barcelona al ámbito autonómico. Alcalá también ha ocupado cargos de responsabilidad en la Agència de l’Habitatge de Catalunya, el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, la empresa pública Regesa y la propia Generalitat.
El debate sobre la intervención en el mercado de la vivienda sigue abierto en Cataluña. Recientemente, el Sindicato de Inquilinas ha intensificado la presión para que la Generalitat aplique de forma estricta la ley que limita la compra especulativa, como se detalla en un análisis sobre la tensión en torno a la aplicación de estas restricciones. La creación de la Dirección General de Disciplina de Vivienda se enmarca en este contexto de mayor control y vigilancia sobre el sector.
En el contexto español, la regulación del mercado de la vivienda ha sido uno de los temas más debatidos en los últimos años, especialmente en grandes ciudades como Barcelona y Madrid, donde la presión sobre los precios y la escasez de alquiler asequible han llevado a la adopción de medidas excepcionales. Cataluña ha sido pionera en la aprobación de leyes para limitar los precios del alquiler y combatir la especulación, aunque su aplicación ha generado controversia y recursos judiciales. La experiencia de Barcelona, con modelos de inspección y sanción desarrollados durante la etapa de Ada Colau, ha servido de referencia para otras administraciones. La creación de un órgano autonómico específico puede marcar un nuevo rumbo en la gestión y control del mercado inmobiliario catalán, en un momento en que la vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones sociales y políticas en España.
