En Badajoz comienza el juicio por el caso del hermano de Pedro Sánchez y el exlíder del PSOE. En Badajoz se inicia un mediático juicio relacionado con el nombramiento del hermano de Pedro Sánchez. La defensa exige la anulación del caso debido a irregularidades en la investigación. El tribunal tiene previsto interrogar a 43 testigos.
Hoy comienza en Badajoz el juicio por las supuestas irregularidades en el nombramiento, en 2017, de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno de España, para un cargo directivo en la Diputación de Badajoz. El proceso se desarrolla en el contexto de recientes noticias sobre la investigación de una campaña de presión sobre los jueces, entre ellos la magistrada Beatriz Biedma, quien llevaba el caso. Según la investigación, detrás de la organización de los ataques a los jueces podrían estar personas vinculadas al PSOE, y el objetivo de la campaña habría sido, supuestamente, «destruir el proceso».
David Sánchez y el exlíder socialista de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que no están imputados por la Fiscalía, se enfrentan a una posible condena de tres años de prisión por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Estas peticiones proceden de las acusaciones populares, entre ellas Manos Limpias, así como representantes del PP, Vox y organizaciones de ultraderecha. Otros nueve acusados, entre ellos ex empleados de la Diputación y el ex alto cargo de La Moncloa, Luis Carrero, para quien se solicitan año y medio de cárcel.
La defensa de los 11 acusados tiene previsto solicitar de nuevo, en los dos primeros días de las vistas, el archivo de la causa o la nulidad de parte de las pruebas. Los abogados alegan vulneración de derechos de los acusados: se refieren a la incautación masiva de correspondencia oficial de la Guardia Civil y, a su juicio, al carácter «prospectivo» de una investigación iniciada sin suficientes indicios. Argumentos similares ya fueron rechazados anteriormente por el tribunal, aunque la defensa confía en utilizarlos para futuras apelaciones.
En noviembre, David Sánchez intentó sin éxito recusar a toda la composición del tribunal, alegando parcialidad. Esta semana, el tribunal escuchará a 43 testigos, incluidos nueve agentes de la UCO que llevaron a cabo la investigación, así como a directores de conservatorios y candidatos al controvertido puesto. Entre los testigos se encuentra el jefe de la unidad de investigaciones económicas de la UCO, Antonio Balas, contra quien, según la investigación, también se habría realizado una campaña de descrédito.
El tribunal deberá determinar si el proceso de creación y nombramiento para el cargo de coordinador de conservatorios de la Diputación de Badajoz fue legal o si, como sostiene la investigación, el puesto se creó específicamente para un candidato concreto. La investigación señala que David Sánchez conocía de antemano la creación de la vacante y participó formalmente en el concurso para cumplir con el procedimiento. El propio Sánchez asegura haber encontrado el anuncio por internet y afirma que su hermano no tuvo relación con el proceso, ya que en ese momento ya había dejado el puesto de secretario del PSOE.
Una parte importante de la acusación es la sospecha de que Sánchez utilizó su influencia para modificar las condiciones laborales a su favor y para facilitar la contratación de un conocido suyo, Luis Carrero, quien previamente trabajó en La Moncloa. En cuanto a Miguel Ángel Gallardo, el tribunal debe determinar si él estaba al tanto de la creación del puesto para Sánchez o si, como sostiene la defensa, desconocía su participación en el concurso.
Las audiencias del caso coinciden con la intensificación de investigaciones contra otros políticos. Ya ha habido casos en España en los que asuntos de corrupción en las altas esferas del poder han atraído la atención pública. Por ejemplo, anteriormente investigación de las transferencias a las hijas del ex primer ministro Zapatero también generó un gran revuelo.
El proceso judicial contra el hermano de Pedro Sánchez podría extenderse: tras la declaración de los testigos, comenzarán los testimonios de los acusados y, según las previsiones, parte de las sesiones se celebrará ya en la segunda semana de junio. En España, los casos de corrupción en organismos estatales suelen atraer una atención especial, y las decisiones sobre ellos a menudo sientan precedentes para procedimientos futuros. Es importante señalar que la decisión final sobre el caso solo se tomará una vez concluidas todas las fases de las audiencias y revisados los posibles recursos.
