Junts advierte que no respaldará al Gobierno si Cataluña no queda fuera del reparto de menores migrantes llegados a Ceuta. El partido exige mantener la excepción lograda en acuerdos anteriores.
El grupo Junts per Catalunya ha lanzado una advertencia directa al Gobierno de Pedro Sánchez: no respaldarán ninguna iniciativa en el Congreso si Cataluña no es excluida del nuevo reparto de menores migrantes llegados a Ceuta. La portavoz de Junts en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, ha recordado que su formación ya logró que Cataluña quedara fuera del reparto de menores no acompañados procedentes de Canarias el año anterior, y ahora exige que se mantenga esa excepción ante la presión migratoria en Ceuta.
En un mensaje difundido en redes sociales, Nogueras ha subrayado que Junts fue el único partido catalán que se opuso a la distribución estatal de menores sin recursos adicionales, acusando al resto de diputados catalanes de aceptar una carga que, según su visión, tensiona aún más a Cataluña. La líder de Junts sostiene que el Estado sigue abusando de la capacidad de acogida catalana y que la situación es insostenible.
La posición de Junts se ha traducido en hechos concretos en el Congreso. En julio de 2024, el partido sumó sus votos a los del PP y Vox para bloquear la toma en consideración de la reforma de la Ley de extranjería, que buscaba hacer obligatoria la acogida de migrantes entre comunidades autónomas, según el pacto alcanzado por PSOE, Sumar y Coalición Canaria. En ese momento, la Generalitat, bajo un gobierno en funciones de Esquerra Republicana, reclamó que se reconociera la singularidad de Cataluña, argumentando que la comunidad ya había acogido a más migrantes que la mayoría de regiones en años anteriores.
Tras meses de negociaciones, en marzo de 2025 Junts y el Ejecutivo de Sánchez alcanzaron un acuerdo para modificar el artículo 35 de la Ley de extranjería mediante un Real Decreto-ley. El pacto estableció nuevos criterios para el reparto de menores migrantes, priorizando factores como población, renta per cápita, tasa de paro y esfuerzo de acogida. Como resultado, de los más de 4.000 menores que permanecían en centros de Canarias y Ceuta, solo una treintena serían trasladados a Cataluña, mientras que Madrid recibiría más de 700.
El debate sobre la gestión de la llegada masiva de migrantes a Ceuta ha generado tensiones políticas y sociales en toda España. El Partido Popular Europeo también ha presionado al Gobierno español para que la crisis migratoria sea debatida a nivel europeo, como se recoge en una reciente cobertura sobre la presión europea en torno a la frontera de Ceuta. La cuestión de la distribución de menores migrantes sigue siendo uno de los puntos más conflictivos entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, especialmente en Cataluña, donde la gestión de la acogida se percibe como un elemento clave en la relación con el Estado.
En el contexto actual, la política migratoria española se enfrenta a retos crecientes. La presión sobre Ceuta y Canarias ha obligado a revisar los mecanismos de reparto y a buscar consensos que, hasta ahora, resultan frágiles. El sistema de acogida de menores migrantes en España se basa en criterios técnicos y sociales, pero la falta de recursos y la desigual distribución territorial generan tensiones recurrentes. Cataluña, por su parte, mantiene una postura firme en defensa de su capacidad de decisión y exige que se respeten los acuerdos alcanzados previamente. La evolución de este conflicto marcará el tono de las relaciones entre el Gobierno central y las comunidades en los próximos meses.
