En Madrid exigen anular millones de multas por acceso a zona de bajas emisiones. La asociación de automovilistas exige al Ayuntamiento de Madrid la anulación de las multas impuestas por acceder a las zonas de bajas emisiones. El importe total de las sanciones podría alcanzar los 700 millones de euros. Las autoridades mantienen los cobros a pesar de la decisión judicial.
En Madrid estalla un conflicto entre los propietarios de automóviles y las autoridades municipales debido a las multas por acceder a las zonas de bajas emisiones. La asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha enviado una solicitud oficial al ayuntamiento exigiendo el cese inmediato de la recaudación y la anulación de todas las multas impuestas anteriormente por circular en estas áreas. Según la organización, se trata de más de 3,5 millones de sanciones por un importe total cercano a los 700 millones de euros.
El motivo de estas reclamaciones es el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en otoño de 2024 declaró inválidos los puntos clave que regulan el funcionamiento de la zona de bajas emisiones en la capital y en dos áreas especialmente protegidas. La decisión entró en vigor en abril de 2026, después de que el Tribunal Supremo rechazara el recurso de casación del ayuntamiento. Sin embargo, la ciudad sigue reteniendo fondos de las cuentas de cientos de miles de residentes, y la Agencia Tributaria de Madrid no ha suspendido los procedimientos de ejecución sobre las multas impagadas.
La AEA insiste en que, tras la entrada en vigor de la sentencia, todas las sanciones basadas en las normas declaradas nulas deben anularse automáticamente y con efectos retroactivos. La organización cita el artículo 72.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que exige la inmediata suspensión de la recaudación y la devolución de los importes cobrados si una disposición normativa es declarada nula. En la carta dirigida a la administración municipal, la asociación reclama no solo la anulación de todas las multas, sino también la suspensión de cualquier procedimiento de cobro, la imposición de recargos y el embargo de cuentas relacionados con estas sanciones.
El Ayuntamiento de Madrid, presidido por José Luis Martínez-Almeida, recuerda en respuesta que desde marzo de 2026 está en vigor la nueva versión de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, que consolida las zonas de bajas emisiones sobre nuevas bases. Sin embargo, la cuestión sobre el futuro de las multas ya emitidas y la devolución de fondos sigue abierta. Este tipo de disputas en torno a las restricciones al tráfico y sus consecuencias para los residentes no son inusuales: anteriormente en España se generó atención en casos donde grandes sumas de dinero fueron incautadas a particulares en investigaciones, como sucedió en la historia del inspector de policía cerca de Madrid, donde se hallaron casi 19 millones de euros en efectivo.
Para referencia: las zonas de bajas emisiones (ZBE) se implementaron en Madrid para restringir la circulación de los vehículos más contaminantes y reducir los niveles de emisiones nocivas en el aire. La adopción de estas medidas es obligatoria para las ciudades de España con más de 50.000 habitantes. Las decisiones judiciales sobre estos asuntos pueden influir en la práctica de recaudar multas en otras regiones del país. La cuestión de la devolución de las sanciones ya pagadas sigue siendo una de las más delicadas para miles de residentes de la capital.
