La Audiencia Nacional condiciona la solicitud de información a Venezuela sobre 14 etarras. Exige concretar los hechos atribuidos a cada uno antes de avanzar. La decisión afecta a la investigación sobre el EIPK.
La Audiencia Nacional ha decidido suspender temporalmente la solicitud de auxilio judicial a Venezuela para investigar la presencia de 14 miembros de ETA, entre ellos Ignacio de Juana Chaos, en ese país. El tribunal exige que, antes de remitir cualquier petición a Caracas, se detallen los hechos delictivos atribuidos individualmente a cada persona investigada. Esta decisión responde a un recurso presentado por la defensa de siete imputados en la causa abierta en 2024 sobre el Colectivo de Huidos Políticos Vascos (EIPK).
El juez Francisco de Jorge había acordado en mayo solicitar información a las autoridades venezolanas sobre los etarras supuestamente ocultos en el país sudamericano, a instancias de la asociación Dignidad y Justicia, que ejerce la acusación popular. El magistrado justificó la medida por el reciente cambio político en Venezuela, tras la llegada al poder de Delcy Rodríguez tras la operación militar estadounidense que forzó la salida de Nicolás Maduro. Según el juez, este contexto podría facilitar la colaboración de las autoridades venezolanas para localizar a los huidos, algunos de los cuales tienen reclamaciones judiciales pendientes por atentados cometidos en los primeros años de la democracia española.
La Sección Cuarta de la Sala Penal considera que la investigación es útil y necesaria, pero advierte que la solicitud de auxilio internacional, tal como está planteada, resulta demasiado genérica y corre el riesgo de convertirse en una causa general. Por ello, ordena al juez De Jorge que concrete las personas a investigar y los hechos que se les imputan de forma individualizada antes de enviar la comisión rogatoria. Entre los nombres incluidos en la petición figuran, además de De Juana Chaos, José Luis Eciolaza Galán (alias Dienteputo), Eugenio Barrutiabengoa Zabarte (Arbe) y su pareja María Artola Echeverría, Ángel María Lizarbe Oses, Luis María Olalde Quintela (Txistu), José Ángel Uriz Zabaleta, Arturo Cubillas Fontán, Javier Urruti Imaz, Asunción Arana Altuna (Olivia), Juan José Aristizábal Cortejarena, Manuel Asier Guridi Zaloña (Gari), Jesús María Huerta Fernández e Ignacio Echevarría Lanzábal.
La defensa de los imputados y la Fiscalía argumentaron que la información solicitada a Venezuela no es pertinente ni necesaria, ya que no guarda relación directa con las actividades del EIPK ni con los investigados actuales. Además, señalaron que el informe de la Guardia Civil en el que se basa la petición no atribuye hechos delictivos concretos a los 14 miembros de ETA y que ocho de ellos ni siquiera aparecen mencionados en los documentos policiales. También cuestionaron que la solicitud se apoye en informaciones de prensa y en el cambio de gobierno en Venezuela, lo que, a su juicio, convierte la investigación en prospectiva, algo prohibido por la ley.
El auto de la Audiencia Nacional, fechado el 17 de junio, rechaza la alegación de investigación prospectiva, recordando que el objeto de una causa penal puede evolucionar. Sin embargo, advierte que, en los términos actuales, la petición de auxilio podría derivar en una investigación ilimitada sin hechos concretos. Por ello, insta al juez a delimitar claramente los hechos y las personas antes de avanzar. Además, la resolución afecta también a una segunda comisión rogatoria dirigida a Estados Unidos, donde se encuentra encarcelado el exjefe de la contrainteligencia venezolana Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, quien aseguró disponer de información sobre el paradero de 17 miembros de ETA en Venezuela.
En el contexto de otras decisiones judiciales recientes, la exigencia de mayor concreción en las investigaciones ha sido motivo de debate. Por ejemplo, en otro caso relevante, se han planteado críticas sobre la regulación de la figura del colaborador en procesos judiciales, como se detalla en este análisis sobre la actuación de inspectores en casos de corrupción.
La Audiencia Nacional ha solicitado tanto a la Fiscalía como a Dignidad y Justicia que presenten propuestas concretas sobre los hechos y las personas investigadas. Hasta que se cumplan estos requisitos, la petición de información a Venezuela queda en suspenso. Cabe recordar que, históricamente, las autoridades venezolanas han rechazado colaborar en extradiciones de miembros de ETA, lo que añade complejidad a la investigación. El EIPK, según informes de la Guardia Civil, estaría vinculado al aparato político de la extinta organización terrorista y serviría para controlar a los huidos en terceros países. La resolución deja abierta la posibilidad de solicitar en el futuro la entrega de los investigados a la justicia española, si se concreta la imputación de hechos delictivos específicos.
