La Comunidad de Madrid ha comprado un ático en Chamberí para que Isabel Díaz Ayuso lo utilice como oficina durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos. La operación, valorada en millones, no figuraba en los presupuestos.
La Comunidad de Madrid ha formalizado la compra de un ático de 485 metros cuadrados en Chamberí, uno de los barrios más exclusivos de la capital, para que la presidenta Isabel Díaz Ayuso disponga de una oficina temporal mientras se rehabilita la Real Casa de Correos. La adquisición, realizada en abril por la empresa pública Planifica Madrid, no se había hecho pública hasta que fue detectada en el Registro de la Propiedad y consultada por el diario EL PAÍS.
El inmueble, situado en la novena planta de un edificio residencial del paseo del General Martínez Campos, destaca por su ubicación privilegiada y una terraza de casi 200 metros cuadrados. Según fuentes conocedoras de la operación, la vivienda pertenecía a la economista y escritora Astrid Gil-Casares y estaba alquilada a una pareja en el momento de la venta. El bloque, próximo al Museo Sorolla y a 300 metros del paseo de la Castellana, alberga principalmente viviendas de familias aristocráticas y no suele destinarse a oficinas.
La portavoz del Gobierno regional ha confirmado que Ayuso trabajará en el ático con un equipo reducido durante las obras en la sede presidencial, previstas para agosto. Sin embargo, no se han facilitado detalles sobre el precio de la compra, si la presidenta residirá allí o por qué se optó por la adquisición en lugar de un alquiler. Tampoco se ha aclarado a qué tipo de rehabilitación se refiere la Comunidad, ya que la Real Casa de Correos concluyó recientemente la restauración de su fachada.
El valor de mercado de un ático de estas características en Chamberí ronda los seis millones de euros, aunque el precio exacto no ha sido revelado. El cálculo se basa en el precio medio del metro cuadrado en la zona de Almagro, que supera los 9.400 euros, y en el tamaño excepcional de la terraza, un elemento poco habitual en el distrito. En portales inmobiliarios, áticos similares se ofertan entre cinco y siete millones, aunque expertos locales señalan que no existen comparables directos por dimensiones y localización.
La operación ha generado sorpresa porque no estaba contemplada en el presupuesto de Planifica Madrid para 2026, donde sí figuran otras inversiones inmobiliarias. Además, el Consejo de Gobierno no ha aprobado una ampliación de crédito para este gasto y la compra no aparece en la página de transparencia de la empresa pública, actualizada por última vez el 20 de julio. Planifica Madrid, heredera de la antigua Arpegio —implicada en el caso Púnica—, gestiona actualmente diez edificios de oficinas y un local, la mayoría en el centro histórico de Madrid y arrendados a departamentos autonómicos.
El consejo de administración de Planifica Madrid está presidido por Miguel Ángel García Martín, portavoz del Gobierno regional y consejero de Presidencia. Desde julio de 2023, el consejero delegado es Pedro Corbalán Ruiz, con experiencia previa en la administración autonómica bajo gobiernos del Partido Popular. La empresa cuenta con 90 empleados y un presupuesto anual de 127 millones de euros.
El registrador de la propiedad ha denegado el acceso a la identidad de la vendedora por motivos legales, aunque dos fuentes han confirmado que se trata de Gil-Casares, exesposa de Rafael del Pino Calvo-Sotelo, presidente de Ferrovial. La falta de transparencia en la operación y la ausencia de información pública han generado interrogantes sobre la gestión de recursos y la justificación de la compra.
En el contexto de la gestión de bienes públicos y la transparencia institucional, la adquisición de este ático se suma a otras decisiones recientes de la administración madrileña que han suscitado debate. En ocasiones anteriores, la Comunidad de Madrid ha afrontado situaciones de emergencia y gestión de recursos, como ocurrió durante los grandes incendios forestales que afectaron a la región, donde la respuesta institucional fue clave para la protección de residentes y patrimonio, según se relató en informaciones sobre la evacuación de urbanizaciones por incendios en Lozoyuela.
La compra de este inmueble plantea cuestiones sobre la planificación presupuestaria y la comunicación de inversiones públicas en la Comunidad de Madrid. El caso pone de relieve la importancia de la transparencia en la gestión de fondos autonómicos y la necesidad de informar con claridad sobre el destino de recursos en operaciones de alto valor económico y simbólico.
En España, la adquisición de inmuebles por parte de administraciones públicas está sujeta a controles presupuestarios y procedimientos de transparencia. La Real Casa de Correos, sede histórica del Gobierno regional, ha sido objeto de varias reformas en los últimos años. Chamberí, por su parte, es uno de los distritos con mayor precio por metro cuadrado en Madrid, lo que convierte cualquier operación inmobiliaria en la zona en un asunto de interés público y mediático.
