La Hiruela, único pueblo madrileño gobernado por concejo abierto, pierde su sistema tras una decisión de la Comunidad. El cambio obliga a adoptar el modelo de partidos. Vecinos y alcalde muestran su descontento.
La Comunidad de Madrid ha puesto fin al sistema de concejo abierto en La Hiruela, el último municipio de la región que mantenía este modelo de autogobierno. La decisión, publicada en el Boletín Oficial el 1 de julio, obliga a los 88 habitantes de este pequeño pueblo del noroeste a adoptar el sistema de partidos políticos, rompiendo con una tradición que se mantenía desde hace casi cuarenta años.
Hasta ahora, todos los vecinos empadronados en La Hiruela participaban directamente en las decisiones municipales, sin necesidad de listas electorales ni partidos. El concejo abierto, una fórmula heredada de la Edad Media e incorporada a la legislación española en 1985, permitía a los municipios de menos de 100 habitantes y con problemas de aislamiento gestionar sus asuntos de forma asamblearia. En La Hiruela, cada adulto tenía voz y voto en los plenos, que se celebraban al menos cada tres meses y, según la costumbre, solo en domingos o festivos para no interferir con el trabajo.
La medida ha generado malestar entre los vecinos y el propio alcalde, Antonio Viedma, que reconocen la dificultad añadida que suponía alcanzar consensos en cada decisión, pero valoraban la transparencia y la implicación de todos en la vida local. El orden del día se enviaba previamente a cada vecino y cualquier propuesta debía convencer a la mayoría, ya que no existía la posibilidad de imponer decisiones de forma unilateral. Las alianzas y debates se articulaban en torno a intereses concretos, como la presencia de la asistenta social o la instalación de placas solares, y no por afinidades políticas tradicionales.
La Comunidad de Madrid justifica la supresión del concejo abierto alegando que La Hiruela ya no cumple los requisitos legales: ni el aislamiento ni la pérdida de población. Según un portavoz, el municipio ha pasado de 54 a 88 habitantes en la última década y dispone de medios económicos y técnicos suficientes, además de estar integrado en la Mancomunidad de la Sierra Norte, con Buitrago de Lozoya a media hora en coche. Sin embargo, el alcalde matiza que en invierno el acceso puede verse limitado por la nieve, lo que dificulta la movilidad y la conexión con otros servicios.
El cambio normativo se apoya en una reforma legal de 2011, que dejó de considerar automático el régimen de concejo abierto para pueblos de menos de 100 habitantes, exigiendo además un acuerdo unánime de los concejales electos y la mayoría de los vecinos. En el caso de La Hiruela, el alcalde asegura que nunca se solicitó formalmente la autorización, ya que el sistema funcionaba desde hace décadas.
Pese al descontento, el ayuntamiento no prevé recurrir la decisión por falta de recursos y dependencia de la administración regional. La situación de La Hiruela contrasta con la tendencia general de desafección política en España: según el último CIS, los partidos políticos son la institución peor valorada, y un 14% de la población no se identifica con ninguna formación. En este contexto, la imposición del sistema de partidos en un municipio donde la participación directa era la norma ha generado una sensación de agravio entre los vecinos.
La desaparición del concejo abierto en La Hiruela marca el final de una excepción en la Comunidad de Madrid. Actualmente, solo 104 ayuntamientos en España, principalmente en Aragón, Castilla y León y Cataluña, mantienen este modelo. El caso recuerda a otras situaciones en las que las decisiones administrativas afectan a la vida local, como ocurrió con la paralización de viviendas para médicos en Pinto, tema que también generó debate sobre la gestión autonómica (ver detalles sobre el bloqueo de viviendas en Pinto).
El concejo abierto ha sido históricamente una fórmula de autogobierno para pequeños municipios rurales, permitiendo una gestión más cercana y participativa. Su desaparición en La Hiruela supone la integración definitiva de todos los ayuntamientos madrileños en el sistema de partidos, con las implicaciones que ello conlleva para la vida democrática local y la relación entre vecinos y administración.
