El Gobierno regional ha adquirido un ático de lujo en Chamberí por varios millones. El destino del inmueble aún no está decidido. El PSOE advierte de posibles trabas urbanísticas para su uso como oficina.
La reciente adquisición de un ático de lujo por parte de la Comunidad de Madrid ha generado incertidumbre sobre su destino final. El inmueble, situado en el Paseo del General Martínez Campos, en el distrito de Chamberí, fue comprado por la empresa pública Planifica Madrid hace tres meses, según ha revelado EL PAÍS tras consultar el Registro de la Propiedad. Aunque inicialmente se planteó como una oficina provisional para la presidenta Isabel Díaz Ayuso durante las obras en la sede de Sol, el equipo de la presidenta reconoce que la decisión aún no está cerrada y que no se tomará hasta octubre o noviembre.
El piso, de 485 metros cuadrados y con una terraza de 200 metros, tiene un valor de mercado que ronda los seis millones de euros, según fuentes del sector inmobiliario. Sin embargo, la posibilidad de convertirlo en residencia oficial ha sido descartada por el entorno de Ayuso. Desde el Gobierno regional insisten en que el inmueble será reformado antes de decidir su uso definitivo, y subrayan que cualquier traslado de la presidenta se comunicará públicamente cuando se produzca.
El debate sobre la legalidad del uso del ático como oficina se ha intensificado tras las declaraciones del portavoz de asuntos urbanísticos del PSOE municipal, Antonio Giraldo. A través de la red social X, Giraldo ha señalado que la normativa urbanística vigente en esa zona de Madrid, catalogada como Norma Zonal 1, Grado 3, nivel de usos B, impide la implantación de oficinas en el edificio más allá de la primera planta. Según sus palabras, el edificio es estrictamente residencial y el Plan General de Madrid no permite el uso de oficinas en ese ático.
La operación ha reavivado el debate sobre la gestión de los recursos públicos y la transparencia en la toma de decisiones sobre el patrimonio inmobiliario de la Comunidad. El caso recuerda a otras situaciones recientes en Madrid donde la utilización de inmuebles públicos ha generado controversia, como ocurrió con la reapertura de sedes institucionales en zonas sensibles, un tema que también ha sido abordado en la cobertura sobre la posible vuelta del Instituto Cervantes a Gibraltar.
En el contexto inmobiliario madrileño, la compra de propiedades de alto valor por parte de administraciones públicas suele estar sujeta a un escrutinio especial, tanto por el impacto presupuestario como por las restricciones de uso que imponen las normativas locales. Chamberí es uno de los distritos más cotizados de la capital, y las operaciones en este tipo de edificios suelen estar condicionadas por regulaciones estrictas. La decisión final sobre el uso del ático podría sentar un precedente para futuras adquisiciones de la administración autonómica en zonas residenciales de alto nivel.
El caso pone de relieve la importancia de la planificación urbanística en Madrid y la necesidad de claridad en la gestión de los bienes públicos. La resolución del destino del ático se espera para finales de año, mientras persisten las dudas sobre la viabilidad legal de su uso como oficina y la conveniencia de la inversión realizada.
