El Gobierno vasco transfiere al ex dirigente de ETA Olarra Guridi al régimen semiabierto. Dos antiguos miembros de ETA han sido clasificados en tercer grado por el Gobierno del País Vasco. La decisión ha provocado protestas de las víctimas y críticas hacia las autoridades regionales. El debate sobre las políticas penitenciarias ha vuelto a convertirse en motivo de controversia.
En el País Vasco ha estallado un nuevo conflicto en torno a la política hacia los exmiembros de ETA. El Departamento de Justicia y Derechos Humanos de la región concedió el tercer grado — semilibertad — a dos condenados por terrorismo: el exlíder del aparato militar de ETA, Juan Antonio Olarra Guridi, y Xabier Zabalo Beitia. Ahora ambos podrán salir diariamente de prisión, regresando solo para dormir allí de lunes a jueves.
La decisión de las autoridades ya ha sido duramente criticada por la asociación de víctimas del terrorismo Covite. La organización calificó la concesión del régimen de semilibertad de “fraudulenta” y exigió la dimisión de la consejera de Justicia, María Jesús San José. Según Covite, las acciones del gobierno regional contradicen las decisiones de la Audiencia Nacional, que previamente había corregido medidas similares con respecto a miembros condenados de ETA.
El paso de Olarra Guridi al tercer grado ha suscitado especial atención. Este exjefe del aparato militar de ETA fue detenido en Francia en 2002 y condenado en España por una serie de atentados en los que murieron al menos diez personas. A pesar de que la sentencia total suma cientos de años, por ley debe cumplir un máximo de 30 años de prisión, plazo que finaliza en julio de 2036. En los últimos meses, Olarra Guridi ya disfrutaba de ciertos beneficios, y ahora ha obtenido un régimen más flexible, siempre y cuando no se acerque a Madrid, Sevilla y Burgos —las ciudades donde se cometieron los delitos—, ni tenga contacto con las víctimas.
En los documentos del caso se señala que ambos condenados escribieron cartas de disculpa a las víctimas. En sus cartas, Olarra Guridi subraya su disposición a participar en los procesos de reparación y mitigación de las consecuencias de los delitos cometidos. Los informes profesionales de los servicios penitenciarios destacan una evolución positiva en el comportamiento de ambos reclusos, así como su participación en programas de reinserción y el cumplimiento de las condiciones de los permisos temporales de salida de prisión.
También se considera relevante que Olarra Guridi tuvo un papel clave en el cambio de actitud de la comunidad de presos de ETA respecto a las celebraciones públicas por la liberación de miembros de la organización —los llamados ongi etorri—. Tras una serie de encuentros con representantes del Foro Social, en 2021 se publicó un llamamiento colectivo para limitar este tipo de actos al entorno privado y a personas cercanas. La mayoría de los presos respaldó esta decisión, salvo un pequeño grupo que no comparte el rechazo a la violencia.
En cuanto a Xabier Zabalo Beitia, su condena está próxima a finalizar: le restan ocho meses para completar la pena. Las autoridades destacan su participación positiva en programas, el apoyo familiar y la inserción laboral, así como el pago de indemnizaciones civiles. En su carta a las víctimas, Zabalo reconoce las consecuencias de sus acciones y expresa su intención de demostrar la sinceridad de su arrepentimiento con hechos.
Según los últimos datos, en las cárceles españolas y francesas permanecen 113 condenados por participación en ETA, de los cuales 108 se encuentran en centros penitenciarios del País Vasco. La cuestión sobre los enfoques para su reintegración y las medidas hacia los exmiembros de la organización sigue siendo objeto de intensos debates. En el contexto de otros casos mediáticos relacionados con la actuación de las autoridades y decisiones judiciales, cabe destacar que el caso contra el ex primer ministro Zapatero también generó un amplio impacto social y motivó el debate sobre los límites de la responsabilidad y los criterios para una posible amnistía.
A modo de referencia: el tercer grado (semilibertad) en España permite a los condenados salir de la prisión durante el día para trabajar o participar en programas de reinserción social, regresando a pernoctar. Las decisiones sobre el cambio de régimen las adoptan los departamentos regionales, pero pueden ser recurridas por la fiscalía. La aplicación de este régimen a exmiembros de ETA genera de forma habitual controversias entre víctimas, autoridades y defensores de derechos humanos.
