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La expareja de Ábalos y el hermano de Koldo evitan declarar ante el juez

Ricardo Rubio Español.News

Publicado por Ricardo Rubio

La expareja de Ábalos y el hermano de Koldo evitan declarar ante el juez Español.News
La expareja de Ábalos y el hermano de Koldo evitan declarar ante el juez

Jésica Rodríguez y Joseba García, citados como investigados por el caso Ineco, se acogen a su derecho a no declarar. El caso apunta a posibles irregularidades en contrataciones públicas y mantiene la atención sobre la gestión en empresas estatales.

El caso que involucra a la expareja de José Luis Ábalos y al hermano de Koldo García ha dado un nuevo giro en la Audiencia Nacional. Jésica Rodríguez y Joseba García, ambos señalados por la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a Ábalos a 24 años de prisión, comparecieron este lunes ante el juez Ismael Moreno como investigados por presuntas irregularidades en la contratación de Rodríguez en la empresa pública Ineco. Ambos optaron por no declarar, aunque Garcia realizó una breve intervención para negar cualquier implicación en la contratación de Rodríguez, quien cobró durante dos años sin acudir a su puesto de trabajo.

La investigación se centra en determinar si existió un 'enchufe' para favorecer a Rodríguez, quien fue pareja del exministro de Transportes. Según la sentencia, Joseba García, que ya trabajaba en Ineco antes de la llegada de Rodríguez, habría colaborado para encubrir la situación laboral de ella, aunque en su alegato ante el juez negó conocerla antes de su incorporación y rechazó haber participado en su contratación. Rodríguez, por su parte, ya había declarado anteriormente como testigo ante el Supremo, pero esta es la primera vez que comparece como investigada, lo que le permitió acogerse al derecho a no declarar.

Durante el juicio previo, Rodríguez reconoció que percibió un salario durante dos años sin realizar tareas para Ineco y que Ábalos estaba informado de la situación. Sin embargo, sus declaraciones sobre las funciones y el tiempo trabajado en la empresa no coincidieron con las de Joseba García. Mientras Rodríguez afirmó que fue asignada como auxiliar administrativa de Joseba y que él mismo le indicó que permaneciera en casa hasta que la necesitara, García sostuvo que no era su jefe y que apenas tuvo contacto con ella como compañeros.

En la misma sesión también fue citado Ignacio Zaldívar, ex alto cargo de Adif, cuya implicación en el caso fue señalada por el Supremo. Zaldívar igualmente se acogió a su derecho a no declarar, aunque en el juicio anterior admitió que Rodríguez no era una empleada común y relató que la entonces presidenta de Adif le advirtió de que el ministro se había quejado por supuestas molestias hacia Rodríguez en Ineco. Según la resolución judicial, Zaldívar habría intervenido para facilitar que, tras finalizar el contrato de Rodríguez en Ineco, pasara a trabajar en Tragsatec, otra empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes.

El caso Ineco se suma a una serie de investigaciones recientes sobre la gestión de recursos humanos y contrataciones en empresas estatales, un tema que ha generado debate sobre la transparencia y el control en el sector público. En el contexto de la política española, la atención sobre la gestión de altos cargos y sus entornos personales ha sido constante, como se reflejó también en la reciente renovación en la Generalitat tras la salida de Mònica Martínez Bravo, donde Raúl Moreno asumió la consejería de Derechos Sociales. La Fiscalía Anticorrupción solicitó la imputación de Rodríguez tras la sentencia del Supremo, y el juez Moreno formalizó la citación el pasado 3 de julio. El desarrollo de este proceso judicial podría tener implicaciones para futuras contrataciones y la vigilancia sobre posibles casos de tráfico de influencias y malversación en la administración pública española.

En España, las empresas públicas como Ineco y Tragsatec desempeñan un papel clave en la gestión de infraestructuras y servicios, y están sujetas a estrictos controles legales. El caso pone de relieve la importancia de la transparencia en la contratación y la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión para evitar situaciones similares. La evolución de este proceso será seguida de cerca por los medios y la opinión pública, dada la relevancia de los implicados y el impacto potencial en la confianza en las instituciones.

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