El Govern lanza un plan de 30 millones para detectar familias vulnerables que no reciben ayudas. El objetivo es incorporar a 20.000 personas al sistema de prestaciones en tres años. El programa se centrará en los barrios más afectados por la pobreza infantil.
La Generalitat de Cataluña pondrá en marcha en septiembre un programa dotado con 30 millones de euros para identificar y acompañar a familias vulnerables que, pese a cumplir los requisitos, no acceden a ayudas sociales como la renta garantizada de ciudadanía (RGC) o el ingreso mínimo vital (IMV). Según informa EL PAÍS, la iniciativa, denominada Barris per Créixer, se desplegará en los barrios con mayor índice de pobreza infantil de entre 20 y 30 municipios catalanes, seleccionados a partir del Índice Socioeconómico Territorial (IST) elaborado por el Idescat.
El plan, impulsado por el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión, tiene como meta incorporar a unas 20.000 personas al sistema de prestaciones en los próximos tres años. La consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, explica que ya se han identificado los municipios prioritarios y que ahora se negocia la colaboración con los ayuntamientos implicados. La lista definitiva de barrios aún está pendiente de cierre.
El fenómeno conocido como non take up —personas que no solicitan ayudas a las que tienen derecho— afecta en Cataluña a entre el 25% y el 30% de los potenciales beneficiarios de la RGC, al 67% de quienes podrían recibir el IMV y al 79% de los posibles perceptores del complemento de ayuda a la infancia, según estimaciones del propio Departamento. Esta brecha deja fuera del sistema a miles de familias, especialmente en zonas donde la pobreza infantil supera la media catalana.
Para revertir esta situación, el Govern movilizará a 231 profesionales que trabajarán en coordinación con los servicios sociales municipales. Su labor será identificar a los hogares afectados, ayudarles a superar barreras administrativas y facilitar el acceso tanto a prestaciones económicas como a otros recursos públicos, incluyendo apoyo en salud mental y ayudas específicas para la infancia. El acceso efectivo a las prestaciones será uno de los principales indicadores para medir el éxito del programa, junto con la mejora del bienestar infantil y los resultados educativos.
El despliegue del programa está previsto entre septiembre de 2026 y junio de 2029. Durante los próximos meses, la Generalitat formalizará la aprobación del plan en el Consell Executiu y contratará los equipos necesarios. Además, se negociará la adhesión de los municipios participantes y se definirá el funcionamiento operativo del proyecto. El objetivo es que los servicios sociales municipales sean la principal vía de entrada para los beneficiarios, aunque se contemplan otras modalidades de derivación.
Según los últimos datos del Idescat, en 2023 existían en Cataluña 110 agrupaciones censales con un índice socioeconómico más de 20 puntos por debajo de la media, repartidas en 44 municipios. En total, 490.900 niños y adolescentes —el 36,5% del total— se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, según cifras de la Generalitat. El Govern confía en reducir esta cifra localizando a familias que actualmente permanecen fuera del radar de los servicios sociales y desconocen los recursos disponibles.
Las prestaciones como el IMV y la RGC están reconocidas como derechos subjetivos, lo que significa que no existe una limitación presupuestaria para quienes cumplen los requisitos. El programa Barris per Créixer se enmarca en la reforma administrativa que busca agilizar los trámites y mejorar la eficacia del sistema de protección social en Cataluña. Si la experiencia resulta positiva, el Govern prevé ampliar la iniciativa a más barrios y mantenerla más allá de 2029.
En el contexto español, la lucha contra el non take up de ayudas sociales es un reto compartido por varias comunidades autónomas. La complejidad administrativa, la falta de información y la desconfianza en el sistema suelen ser los principales obstáculos para que las familias vulnerables accedan a los recursos a los que tienen derecho. La apuesta de la Generalitat por un enfoque proactivo y territorializado puede marcar un precedente en la gestión de las políticas sociales en el país.
