La crisis migratoria en Ceuta alcanzó su punto más tenso cuando, a pesar del anuncio de un refuerzo de 1.000 gendarmes marroquíes en la frontera, la Guardia Civil observó una actitud pasiva por parte de las fuerzas de seguridad de Marruecos. El operativo, que debía frenar la entrada masiva de migrantes, no funcionó en el momento decisivo, según informes internos del Instituto Armado.
El 30 de julio, mientras miles de personas se concentraban en la frontera y la situación se volvía insostenible para los agentes españoles, los informes enviados al Mando de Operaciones de las Fuerzas Armadas de España reflejaban una realidad preocupante: las autoridades marroquíes no solo no reforzaron el control, sino que permitieron la llegada de grupos organizados a la zona limítrofe. Hasta el día anterior, la colaboración había sido considerada adecuada, pero el cambio de actitud fue inmediato y evidente.
Según fuentes oficiales, la Guardia Civil entregó su informe sobre los hechos de Ceuta al tribunal de la Audiencia Nacional el 4 de septiembre de 2026, aportando nuevos detalles sobre la gestión de la crisis.
En localidades cercanas como Castillejos y Rincón, se detectaron miles de magrebíes esperando el momento para intentar el cruce a nado. La Fiesta del Trono, principal celebración cívica de Marruecos, coincidió con la avalancha y fue señalada como posible detonante, ya que en redes sociales se animaba a aprovechar la festividad para saltar la valla o lanzarse al mar. Según informes recogidos por Reuters y otros medios internacionales, el comportamiento de las fuerzas marroquíes fue calificado como de "total permisividad" durante la movilización de migrantes hacia Ceuta.
Hasta el 29 de julio, las fuerzas de seguridad marroquíes habían realizado detenciones y traslados de migrantes hacia el interior del país. Sin embargo, el día de la entrada masiva, la vigilancia se relajó de forma llamativa. Los agentes españoles observaron grupos de hasta 6.000 personas en las inmediaciones de Ceuta y reclamaron refuerzos urgentes ante la falta de respuesta efectiva del lado marroquí. Según datos recogidos en informes oficiales, solo entre el 29 y el 30 de julio se registraron 1.109 intentos de entrada por mar, de los cuales 493 fueron interceptados por las fuerzas marroquíes.
La Jefatura de Información de la Guardia Civil elaboró un informe en el que se señalaba la dificultad de pensar que un movimiento de tal magnitud pudiera producirse sin el conocimiento o consentimiento del régimen marroquí. El documento, redactado en pleno desarrollo de la crisis, recogía la sospecha de que la pasividad observada no era casual, sino una decisión deliberada o, al menos, tolerada por las autoridades del país vecino. No obstante, según la prensa local, el propio informe de la Guardia Civil matiza que no se puede concluir una "clara dejación de funciones" por parte de Marruecos, aunque sí apunta a una actuación "negligente y pasiva".
El informe policial presentado por la Policía española difiere del de la Guardia Civil, al calificar los hechos como una acción planificada y vincularla a personas relacionadas con estructuras de seguridad marroquíes. Además, el caso está siendo examinado por la Audiencia Nacional, lo que refleja la existencia de versiones contrapuestas y la relevancia judicial y política del episodio.
El Ministerio del Interior español confirmó el despliegue de las Fuerzas Armadas tras recibir los informes de la Guardia Civil. La reacción española fue inmediata, pero la falta de colaboración marroquí dejó en evidencia la fragilidad de los acuerdos bilaterales en materia de control fronterizo. La avalancha migratoria puso a prueba la capacidad de respuesta y coordinación entre ambos países, con consecuencias directas para la seguridad y la gestión de flujos en la frontera sur de Europa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró públicamente que el Ejecutivo no dispone de pruebas que acrediten una preparación o coordinación por parte de las autoridades marroquíes, aunque sí reconoció deficiencias en el control fronterizo durante el momento más crítico.
Este episodio muestra la complejidad de la relación entre España y Marruecos en materia migratoria. La frontera de Ceuta, uno de los puntos más sensibles de la Unión Europea, depende en gran medida de la voluntad política y operativa de Rabat. La Fiesta del Trono, que cada año moviliza a miles de personas en Marruecos, coincidió con un cambio de actitud en el control fronterizo que permitió la entrada masiva. La experiencia demuestra que, más allá de los anuncios de refuerzos y la retórica de cooperación, la gestión real de la frontera sigue sujeta a factores imprevisibles y a decisiones que escapan al control español. La pasividad marroquí en este caso desbordó a la Guardia Civil y dejó claro que la seguridad en Ceuta puede verse alterada en cuestión de horas si falla la coordinación con el país vecino.
