Agentes buscan a Vito Quiles en la redacción de EDA TV en Madrid. El periodista acumula cinco causas judiciales. Su abogado califica la medida de desproporcionada.
La mañana de este miércoles, agentes de la policía se presentaron en la sede de EDA TV, canal de YouTube ubicado en la calle Lagasca de Madrid, con una orden de búsqueda y captura dirigida a Vito Zoppellari Quiles, conocido como Vito Quiles. El periodista, que no se encontraba en la redacción en ese momento, es objeto de varias investigaciones judiciales abiertas en su contra. Según fuentes cercanas al caso, la mayor parte de su actividad profesional se desarrolla fuera de la oficina, lo que dificultó su localización durante la intervención policial.
La orden de detención fue confirmada por el propio Quiles a través de sus redes sociales, aunque sin precisar a cuál de los procesos judiciales en curso está vinculada la medida. En su mensaje, Quiles atribuyó la decisión judicial a una supuesta campaña de denuncias tras su encuentro con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. El abogado de Quiles, Juan Gonzalo Ospina, calificó la actuación policial de "desproporcionada" y señaló que la notificación podría haberse realizado en el domicilio particular o a través del procurador, en lugar de acudir a la empresa. Ospina también indicó que desconoce de cuál de las cinco causas abiertas deriva la orden.
Entre los procedimientos judiciales que afectan a Quiles figura una denuncia de Renfe por presunta estafa, instruida en un juzgado de Alicante. La compañía ferroviaria le acusa de realizar trayectos completos con billetes parciales, acceder a salas VIP sin autorización y causar un perjuicio reputacional. Además, la Fiscalía solicita dos años de prisión y cinco de inhabilitación para el ejercicio del periodismo por un presunto delito de odio contra una persona con discapacidad durante una manifestación en 2024. Otra causa relevante es la investigación por revelación de secretos y acoso a la presidenta de Red Eléctrica (REE), Beatriz Corredor, tras la difusión en redes sociales de la dirección y fotografías de su domicilio poco después del apagón del 28 de abril de 2025. Este caso está en manos del Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, donde Quiles ya ha declarado.
En Sevilla, el Tribunal de Instancia investiga a Quiles por presuntos delitos de injurias y calumnias contra Rubén Sánchez, secretario general de Facua. La acusación particular solicita nueve años de prisión y una indemnización de 60.000 euros, además de la inhabilitación para ejercer el periodismo y la obligación de publicar un vídeo con la lectura del fallo. Rubén Sánchez ha aclarado en redes sociales que la orden de busca y captura no está relacionada con este procedimiento.
Algunas de las causas abiertas contra Quiles han sido archivadas recientemente. Un juez de Majadahonda desestimó la denuncia de Begoña Gómez por acoso en un restaurante, al no encontrar pruebas de agresión. También fue archivada la denuncia por presunto acoso y lesiones a la analista política Sarah Santaolalla a las puertas del Senado, tras revisar las grabaciones de seguridad. El Congreso retiró a Quiles la acreditación de prensa durante tres meses por grabar y difundir imágenes en una zona restringida, sumándose a otras sanciones previas por altercados en la Cámara.
El caso de Vito Quiles se suma a otros recientes en los que la actuación de la justicia y la policía ha generado debate público sobre la proporcionalidad de las medidas adoptadas. En contextos similares, como en la reciente decisión judicial sobre la investidura en Andalucía, la intervención de las autoridades ha sido objeto de atención mediática, como se refleja en la cobertura sobre las negociaciones políticas en la región, disponible en este análisis sobre el proceso de investidura en Andalucía.
En España, la actuación policial en casos mediáticos suele estar sujeta a un escrutinio especial, especialmente cuando involucra a figuras públicas o periodistas. La legislación vigente permite la emisión de órdenes de detención en el marco de investigaciones judiciales, aunque la forma de ejecución y la comunicación a los afectados pueden variar según el caso. El debate sobre el uso de medidas cautelares y la protección de derechos fundamentales sigue presente en la agenda pública, especialmente en situaciones donde confluyen la libertad de información y la tutela judicial efectiva.
