Un informe policial descarta que la entrada de 72.000 migrantes en Ceuta fuera espontánea. Los agentes señalan coordinación interna y critican la respuesta institucional. La jueza investiga posibles redes criminales detrás del asalto.
El asalto masivo a Ceuta a finales de julio de 2026, que permitió la entrada irregular de unas 72.000 personas en solo 48 horas, no fue un fenómeno espontáneo. Así lo concluye un informe de la Policía Nacional, que atribuye la organización del cruce a un grupo interno entre los propios migrantes, según fuentes judiciales. El documento, entregado en mano a la jueza María Tardón de la Audiencia Nacional, desmonta la hipótesis inicial de una reacción descontrolada tras la tergiversación de una sentencia del Tribunal Supremo y la situación en la frontera marítima.
La investigación, solicitada por la magistrada, se centró en determinar si detrás de la avalancha estaban mafias de tráfico de personas, como defendió el Gobierno en un primer momento. Sin embargo, el análisis de imágenes de cámaras de la valla, de la ciudad y de redes sociales permitió a los agentes identificar señales y directrices entre los migrantes, lo que apunta a una coordinación interna. Según el informe, algunos individuos guiaban a los demás, indicando rutas y comportamientos una vez en suelo español.
Entre las pruebas analizadas figuran vídeos difundidos en redes sociales donde se observa a gendarmes marroquíes descargando camiones llenos de migrantes junto a la frontera. Para la Policía, esto sugiere al menos el conocimiento y consentimiento de las autoridades de Marruecos en el desarrollo del asalto. El informe es especialmente crítico con la respuesta institucional y los medios desplegados por el Ministerio del Interior en las primeras horas del incidente, y va más allá de la explicación oficial de flujos migratorios intensificados en verano.
La jueza Tardón busca ahora determinar si existió una acción concertada o dirigida por alguna organización criminal, así como identificar a los posibles responsables. La Policía Nacional centra sus esfuerzos en localizar a los organizadores, tanto en Ceuta como en la Península, sin descartar que algunos hayan regresado a Marruecos tras cumplir su cometido. Además, varias fuentes apuntan a la posible presencia de agentes de inteligencia marroquíes entre los migrantes, lo que complica la identificación y podría requerir la intervención del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Por otro lado, la magistrada ha solicitado a la Guardia Civil información sobre si alguna de sus unidades en Ceuta recibió avisos previos que pudieran haber alertado sobre el asalto. El Ministerio del Interior teme las conclusiones de este informe, ya que la versión oficial sostiene que ningún servicio de inteligencia anticipó la magnitud del suceso. El presidente Pedro Sánchez ha reconocido la existencia de informes de situación del CNI, pero niega que hubiera alertas formales.
La jueza también ha pedido detalles sobre el dispositivo desplegado por la Guardia Civil tras la entrada masiva, así como información sobre las operaciones de rescate en aguas españolas y las circunstancias personales de los migrantes localizados, incluidas las causas y fechas de posibles fallecimientos. El caso sigue abierto y la investigación podría marcar un precedente en la gestión de crisis migratorias en la frontera sur de España.
Ceuta, junto con Melilla, constituye una de las principales puertas de entrada a Europa para migrantes procedentes de África. En los últimos años, la presión migratoria en la frontera hispano-marroquí ha aumentado, especialmente en periodos de tensión diplomática. La cooperación entre España y Marruecos en materia de control fronterizo es clave para la gestión de estos flujos, aunque episodios como el de julio de 2026 ponen en cuestión la eficacia y la transparencia de los mecanismos actuales. La Audiencia Nacional mantiene abiertas varias líneas de investigación para esclarecer la posible implicación de redes organizadas y la actuación de las autoridades de ambos países.
