Andalucía cierra el acceso a residuos peligrosos de otras regiones: reasignación de flujos. Andalucía ha impuesto estrictas restricciones a la recepción de residuos peligrosos procedentes de otras regiones. Las plantas de Valencia, Madrid y Canarias se ven obligadas a buscar rutas alternativas, más costosas, para la eliminación de materiales tóxicos.
En Andalucía, desde la primavera, está en vigor una prohibición total de recibir y enterrar residuos industriales peligrosos procedentes de otras regiones de España. Esta decisión del gobierno regional ya ha modificado las rutas habituales para la eliminación de materiales tóxicos: ahora las empresas de Valencia, Madrid, Murcia, Canarias y Extremadura se ven obligadas a buscar alternativas para la gestión de los desechos, muchas veces en regiones del norte del país, más alejadas y costosas.
Según datos de la asociación sectorial Asegre, cada año se redistribuyen unas 100.000 toneladas de residuos peligrosos a otras instalaciones, lo que incrementa los gastos para las empresas. Solo se hacen excepciones para ciertos lotes procedentes de Ceuta y Melilla, así como para residuos que pueden ser reciclados y reincorporados al ciclo productivo. Como resultado, por ejemplo, en las Islas Canarias ya han surgido dificultades para la gestión de materiales que contienen amianto: en 2024, la región envió 4.200 toneladas de estos residuos a la península, pero tras el cierre de los vertederos andaluces se ha generado una escasez de rutas disponibles.
Las autoridades canarias reconocen que encontrar nuevos emplazamientos para la gestión de residuos es sumamente difícil: la mayoría de las regiones no están dispuestas a aceptar desechos ajenos, y los intentos de crear instalaciones propias se topan con la protesta de los residentes locales. Problemas similares enfrentan otras regiones que no cuentan con capacidad propia para el tratamiento de residuos peligrosos.
La razón del endurecimiento de las normas en Andalucía fue un caso mediático ocurrido en 2022, cuando al puerto de Nerva (Huelva) llegaron por mar 30.000 toneladas de residuos y tierra contaminada procedentes de Montenegro. Tras esto, las autoridades regionales modificaron la ley de economía circular para evitar que Andalucía se convirtiera en un “vertedero de residuos” de otras regiones y países. Según datos oficiales, en ese periodo la región generaba 300.000 toneladas de residuos peligrosos propios, pero recibía hasta 850.000 toneladas de otras zonas, incluyendo Reino Unido e Italia.
Actualmente, las empresas de Valencia, que cada año envían a otras regiones 458.000 toneladas de residuos para su tratamiento, se ven obligadas a transportarlos a destinos más lejanos —como Toledo o Galicia—. Esto incrementa los costes de transporte y operación entre 25 y 80 euros por tonelada, lo que afecta directamente el coste de producción y la competitividad de las compañías.
Las organizaciones ecologistas, en particular Ecologistas en Acción, respaldaron la decisión de las autoridades andaluzas, aunque consideran que las excepciones para ciertas regiones hacen la ley demasiado flexible a la interpretación. Al mismo tiempo, los representantes del sector señalan la contradicción entre las restricciones regionales y el principio de proximidad geográfica recogido en la legislación nacional de residuos. Según Asegre, las nuevas normas crean barreras artificiales dentro del país y no resuelven el problema de la salida de residuos propios desde Andalucía.
La cuestión del tratamiento de residuos industriales peligrosos sigue siendo un desafío en toda España. El país cuenta con apenas una decena de instalaciones especializadas y, a menudo, su ubicación genera protestas entre los residentes locales. Así, los intentos de construir nuevas plantas en Badajoz han sido repetidamente bloqueados a nivel municipal. Además, según el Instituto Nacional de Estadística, en 2023 el volumen de residuos peligrosos en España alcanzó los 3,3 millones de toneladas, un 3,8% menos que el año anterior. Los principales tipos son compuestos químicos, residuos minerales y equipos irrecuperables.
El control sobre el funcionamiento de estas instalaciones también genera interrogantes: las inspecciones suelen realizarse según un calendario previamente acordado, y ante incidentes la información no siempre llega a los servicios de emergencia con la debida rapidez. En este contexto, la seguridad y la transparencia del sector siguen en el centro del debate, como sucedió con la tragedia en las aguas de Huelva, cuando la muerte de agentes de la Guardia Civil sacó a la luz problemas de coordinación entre los servicios.
La creación de nuevas infraestructuras para el tratamiento de residuos peligrosos requiere inversiones significativas y largos procesos de aprobación, y la elección de los emplazamientos a menudo se convierte en un punto de conflicto por las protestas vecinales. Como resultado, muchas regiones se ven en la situación de que la retirada de estos residuos resulta cada vez más complicada y costosa, mientras que el sistema nacional de gestión experimenta una presión considerable.
