El proceso extraordinario de regularización de inmigrantes en España cierra con más de 1,3 millones de solicitudes. El volumen supera ampliamente las previsiones iniciales del Gobierno y plantea nuevos retos administrativos.
El proceso extraordinario de regularización de inmigrantes en España ha cerrado su plazo de solicitudes con cifras que superan todas las previsiones iniciales. Según los últimos datos oficiales, hasta mediados de junio se habían presentado cerca de 900.000 solicitudes, aunque la plataforma Mercurio, utilizada para la gestión de estos trámites, refleja ya alrededor de 1,3 millones de expedientes registrados en todo el país. Esta cifra rebasa ampliamente el medio millón de personas que el Gobierno esperaba incorporar a la legalidad laboral y social.
El Ministerio de Migraciones dispone ahora de tres meses para resolver cada expediente, aunque muchos casos ya han recibido una resolución definitiva. Por el momento, se desconoce cuántas solicitudes han sido aprobadas o rechazadas, ya que el Ejecutivo aún no ha publicado los datos finales. Se espera que en los próximos días se ofrezca un balance oficial sobre el alcance real de la medida, que arrancó el 15 de abril y ha contado con el respaldo de numerosas organizaciones sociales, sindicatos y la Iglesia católica.
El proceso, impulsado por una iniciativa legislativa popular que reunió más de 700.000 firmas, ha generado una avalancha de trámites en despachos de abogados, ONG y sindicatos. La obtención de la documentación necesaria, especialmente el certificado de antecedentes penales del país de origen, ha supuesto un reto para miles de solicitantes. Muchos han optado por presentar la solicitud sin este documento, comprometiéndose a aportarlo posteriormente, como permite el procedimiento.
La presión sobre las oficinas de servicios sociales y extranjería ha sido notable en las últimas semanas. Los inmigrantes que llegaron a España antes del 1 de enero de 2026 y acreditan al menos cinco meses de residencia han tenido que reunir pruebas de su estancia y, en muchos casos, demostrar vulnerabilidad económica, la existencia de hijos o un compromiso laboral. La plataforma digital Mercurio ha sido clave para canalizar el volumen de solicitudes, que no ha dejado de crecer hasta el cierre del plazo.
El Gobierno no ha confirmado aún el número exacto de expedientes admitidos a trámite, aunque a mediados de junio se contabilizaban 360.000 casos con permiso provisional de trabajo y residencia. Organizaciones como CEAR estiman que la cifra de solicitudes ya supera el millón, mientras que informes previos de la Policía Nacional situaban el potencial de beneficiarios en torno a 1,35 millones de personas. La directora de Estudios Sociales de Funcas, María Miyar, advierte que parte de las solicitudes podrían estar sustentadas en documentación falsa, aunque reconoce que la magnitud del proceso era previsible.
En paralelo, el movimiento Sumar, socio del Gobierno, ha reclamado una ampliación de los plazos ante la saturación administrativa y la proliferación de cobros irregulares en consulados. La portavoz adjunta en el Congreso, Aina Vidal, ha denunciado la falta de soluciones por parte del Ministerio de Exteriores y la continuidad de deportaciones incluso para personas a punto de regularizar su situación.
En el plano personal, la regularización ha supuesto un cambio vital para muchos inmigrantes. Ejemplos como el de Linda Araújo y Luis Brito, venezolanos residentes en Cáceres, o el de la cubana Mónica Olivera en Madrid, ilustran el impacto de la medida en la vida cotidiana de quienes han logrado avanzar en el proceso. Para muchos, la regularización representa una oportunidad de acceder a derechos laborales y sociales, así como una vía hacia la integración plena en la sociedad española.
El proceso de regularización extraordinaria en España se enmarca en un contexto europeo donde las políticas migratorias varían entre países. En España, la última regularización masiva comparable tuvo lugar en 2005. La medida actual busca aflorar el trabajo irregular y ampliar la base de cotizantes, en un momento en que la población extranjera representa cerca del 15% de los residentes en el país. El desenlace de este proceso marcará el futuro de miles de personas y pondrá a prueba la capacidad de respuesta de la administración.
