La UCO no logra rastrear el origen de fondos usados por el PSOE en pagos opacos. Solicita al juez ampliar el análisis de cuentas bancarias del partido. El informe revela operaciones no reflejadas en la documentación oficial.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional autorización para examinar en profundidad todas las cuentas bancarias del PSOE, tras detectar movimientos de fondos cuyo origen y destino no han podido ser identificados. El informe remitido al magistrado Santiago Pedraz señala que los investigadores no han conseguido rastrear el punto de partida de los 43.225 euros que, según la UCO, el partido transfirió a Leire Díez Castro, considerada la principal intermediaria en la supuesta financiación de actividades clandestinas.
Según la documentación, el dinero fue canalizado a través de la consultora vinculada a Gaspar Zarrías, exvicepresidente de la Junta de Andalucía, y del despacho del abogado Ismael Oliver. Los agentes sostienen que el PSOE habría utilizado facturas falsas para triangular estos fondos, que habrían servido para costear la obtención de información sensible sobre jueces, fiscales, policías y periodistas, bajo la dirección de Santos Cerdán. Sin embargo, la UCO advierte que ni el origen ni el destino final del dinero aparecen reflejados en las cuentas facilitadas por el partido.
El informe detalla que solo se ha tenido acceso a seis depósitos bancarios a nombre del PSOE, a pesar de que la formación dispone de numerosos productos financieros. Esta limitación, según los agentes, impide reconstruir el recorrido completo de los fondos y podría obstaculizar la investigación. Por ello, la UCO solicita al juez que amplíe el requerimiento para evitar que operaciones relevantes queden fuera del análisis.
Uno de los ejemplos citados en el informe es el pago de 18.125 euros a la periodista Patricia López, quien habría recibido varios audios del comisario Villarejo relacionados con el entorno familiar del presidente del Gobierno durante los días previos a una decisión clave de Pedro Sánchez. La UCO ha detectado que una agencia de publicidad de Barcelona, Iki Group Communications, habitual colaboradora del PSOE, recibió esa cantidad y la transfirió íntegramente al diario Crónica Libre, dirigido por la periodista en 2024. Una empleada del medio ha confirmado la operación ante el juez, aunque el movimiento no figura en las cuentas bancarias de Ferraz analizadas hasta ahora.
La investigación de la UCO pone de relieve la dificultad para seguir el rastro del dinero dentro de la estructura financiera del PSOE, ya que las transferencias podrían haberse realizado entre cuentas de la misma titularidad, física o jurídica, sin dejar constancia en los extractos entregados. Esta situación ha llevado a los agentes a insistir en la necesidad de un análisis más exhaustivo para esclarecer si las facturas fueron realmente abonadas y cuál fue el destino real de los fondos.
El caso se suma a otros recientes en los que la gestión de fondos y la transparencia en partidos políticos han generado debate público en España. En Cataluña, por ejemplo, la presión sobre la Generalitat para limitar la compra especulativa de vivienda ha sido objeto de atención mediática, como se recoge en este análisis sobre las tensiones en torno a la ley de vivienda. Ambos casos reflejan la creciente demanda de control y claridad en el uso de recursos públicos y privados en el ámbito político.
En el contexto español, la UCO es la unidad especializada de la Guardia Civil en investigaciones complejas de corrupción y delitos económicos. El PSOE, como uno de los principales partidos del país, gestiona un elevado volumen de fondos públicos y privados, lo que obliga a un escrutinio constante de sus operaciones financieras. La Audiencia Nacional, por su parte, es el órgano judicial encargado de los casos de mayor relevancia y complejidad, especialmente aquellos que afectan a la integridad institucional. La investigación en curso podría tener implicaciones para la transparencia y la regulación de la financiación de partidos en España, un tema que ha estado en el centro del debate político en los últimos años.
