Un informe de la Guardia Civil apunta a Santos Cerdán por facilitar recursos del PSOE a una trama criminal. La gerente Ana María Fuentes es señalada por posibles falsificaciones de facturas. Ferraz defiende la legalidad de las actuaciones.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha situado a Santos Cerdán, ex número tres del PSOE, en el centro de una investigación por presunto uso de la estructura interna del partido para favorecer una trama criminal. El informe, al que ha accedido Antena 3 Noticias, detalla cómo la organización socialista habría facilitado recursos y logística para cubrir gastos vinculados a actividades bajo sospecha.
Según el documento, la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, aparece como responsable de la supuesta falsificación de facturas con el objetivo de encubrir movimientos irregulares. La UCO sostiene que Fuentes, con la intermediación de Leire Díez y bajo las directrices de Santos Cerdán, habría manipulado dos notas de encargo profesional. Estas notas se habrían emitido a favor de los despachos ESTUDIO JURÍDICO l. OLIVER & PARTNERS SL (Ismael Oliver Romero) y Jacobo Teijelo, ambos relacionados con la trama investigada.
Los agentes consideran que estos documentos fueron creados de manera instrumental, simulando una relación profesional inexistente entre el partido y los abogados, para justificar pagos desde el PSOE. El informe subraya que la finalidad era materializar transferencias económicas a los letrados, encubriendo así el verdadero destino de los fondos.
En la investigación también se menciona a Covadonga San Pedro, secretaria y administrativa del partido, y a Celia Rodríguez, empleada socialista, quienes habrían desempeñado funciones auxiliares clave en el apoyo logístico y administrativo de las operaciones. La UCO califica su papel, junto al de Fuentes, como esencial para asumir los costes de las actuaciones desarrolladas por el partido.
El análisis de los teléfonos de cinco investigados, entre ellos Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos, ha permitido identificar lo que los agentes describen como un elemento significativo y demostrativo de la unidad de acción de la organización. Se destaca la forma en que se sufragaron los costes y se atendieron las necesidades logísticas de la actividad bajo investigación.
El informe precisa que el objetivo de la diligencia es determinar y cuantificar los costes realmente asumidos, las operativas empleadas y el grado de conocimiento de los implicados sobre las acciones desarrolladas. Además, se busca identificar a todas las personas que participaron en los movimientos irregulares y su nivel de implicación.
Desde la sede socialista en Ferraz, la dirección mantiene la confianza en las tres personas señaladas y sostiene que actuaron siempre bajo las órdenes de Santos Cerdán, ya que, según su versión, todo presentaba apariencia de legalidad.
Este caso se suma a otros recientes en los que se investiga el uso de recursos públicos o estructuras partidistas para fines ajenos a la legalidad. Por ejemplo, en otro proceso judicial, la Abogacía del Estado ha acusado a un exministro del Interior de dirigir una operación para espiar a un antiguo tesorero del PP, como se detalla en un reportaje sobre el caso Kitchen.
En el contexto político español, las investigaciones sobre la gestión interna de los partidos y el uso de fondos han cobrado especial relevancia en los últimos años. La UCO, como unidad especializada de la Guardia Civil, ha liderado varias de las principales operaciones contra la corrupción y el fraude en el ámbito público y privado. El PSOE, uno de los partidos históricos de España, ha enfrentado en el pasado otros procedimientos judiciales relacionados con la financiación y la gestión de recursos, aunque en cada caso la dirección ha defendido la legalidad de sus actuaciones. La evolución de este caso será clave para determinar posibles responsabilidades y el impacto en la estructura interna del partido.
