Las palabras “verde”, “biodegradable” o “respetuoso con el medio ambiente” ya no podrán usarse como simple gancho publicitario en los estantes europeos. La Directiva (UE) 2024/825 obliga a que cualquier mensaje ambiental esté respaldado por pruebas sólidas y certificaciones oficiales. Es un cambio claro en la lucha contra el greenwashing.
Los países de la UE tienen hasta el 27 de septiembre de 2026 para adaptar sus leyes. España llega a esa fecha sin haber notificado ninguna medida de transposición, según los registros de EUR-Lex. Por eso, la Comisión Europea ya ha abierto un procedimiento de infracción contra España y otros 19 países por no cumplir los plazos.
Las afirmaciones como "climate neutral" o "eco-friendly" estarán prohibidas si no se aportan pruebas verificables y reconocidas de alto rendimiento ambiental.
Restricciones a los mensajes verdes
La nueva directiva no solo limita el uso de términos genéricos como “ecológico” o “de origen biológico” en las etiquetas. También prohíbe los distintivos de sostenibilidad sin un sistema de certificación válido o sin respaldo de una autoridad pública. Si una empresa quiere destacar una ventaja ambiental, tendrá que demostrar que se aplica al producto completo, no solo a una parte. Ya no se podrá decir que un producto es neutro en carbono solo porque compensa emisiones fuera de su cadena de valor.
Las reglas más duras afectan sobre todo a los sellos privados y a las afirmaciones vagas. Solo podrán usarse si hay un comportamiento ambiental excelente y reconocido, relevante para el mensaje. Si la afirmación es concreta, habrá que explicarla de forma clara en la propia etiqueta.
Italia ya ha implementado la directiva antes del plazo oficial, mientras que Luxemburgo y otros países han emitido avisos sobre su pronta aplicación. Esto refleja el impulso de la UE hacia una armonización real en la protección del consumidor frente al greenwashing.
El sello ecológico oficial se mantiene
El logotipo ecológico oficial de la Unión Europea sigue vigente. Solo pueden llevarlo los productos que cumplen el régimen específico de producción ecológica y han sido certificados por un organismo autorizado. Para lucir el sello, el producto debe tener al menos un 95% de ingredientes ecológicos, el código del organismo de control y la procedencia de las materias primas agrícolas.
La diferencia es clara: una certificación regulada no es lo mismo que una simple afirmación ambiental usada para vender. Por ejemplo, los cosméticos no entran en el régimen del logotipo ecológico alimentario europeo. Un champú o detergente con mensajes “verdes” tendrá que cumplir las nuevas exigencias generales.
España sigue sin notificar medidas
El retraso de España es evidente. Aunque el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible se notificó a la Comisión el 12 de junio de 2026, a 21 de septiembre la base de datos de EUR-Lex no recoge ninguna medida comunicada. Así, aunque la fecha europea es oficial, cualquier obligación o sanción nacional dependerá de que se publique en el BOE.
¿Qué pasa con los productos ya fabricados?
La Comisión Europea ha publicado criterios para gestionar los productos y envases fabricados antes del 27 de septiembre. Si se produjeron, encargaron o distribuyeron antes de esa fecha, las autoridades podrán aplicar una respuesta gradual si hay dificultades reales para adaptarse. Se tendrá en cuenta si las empresas han actuado de buena fe, pero no se permitirá mantener mensajes ambientales antiguos de forma indefinida.
Para el consumidor, lo importante será comprobar quién respalda el distintivo y qué característica concreta certifica. Esta reforma se suma a otros cambios en el etiquetado alimentario y de envases que entrarán en vigor en 2026, cada uno con su propio calendario y excepciones.
El endurecimiento de las normas ambientales en el etiquetado europeo cambia las reglas para proteger al consumidor frente a mensajes engañosos. España está bajo presión para cumplir la transposición, y la falta de medidas notificadas deja a empresas y compradores en un limbo legal. Ahora, las promesas ecológicas tendrán que estar respaldadas por hechos y certificaciones reales, no solo por marketing. El resultado será un mercado más transparente y vigilado.
Las nuevas reglas y su calendario de aplicación están detallados en el Boletín Oficial del Estado y en comunicados de la Comisión Europea.
