El Gobierno español lanza 179 nuevas iniciativas ante la inestabilidad internacional. El Consejo de Ministros de España ha aprobado un plan que incluye 179 iniciativas legislativas. El foco principal está en el presupuesto, los salarios y la lucha contra la corrupción. Las autoridades no especifican plazos debido al complejo contexto internacional.
El gobierno español ha aprobado un ambicioso plan de reformas legislativas para 2026, pese a la persistente tensión internacional y la falta de una mayoría parlamentaria estable. El documento, validado en el Consejo de Ministros, recopila 179 iniciativas: 10 leyes orgánicas, 38 leyes ordinarias y 131 reales decretos. El enfoque principal se centra en medidas económicas y sociales orientadas a garantizar la previsibilidad para la ciudadanía y las empresas en un contexto de incertidumbre.
Presupuesto y salarios en entredicho
El elemento clave del plan sigue siendo la elaboración de una nueva Ley de Presupuestos Generales del Estado, que no se aprueba desde 2023. Las autoridades no precisan plazos para su presentación, aludiendo a un «contexto internacional muy complejo» vinculado a la guerra en Irán. Sin embargo, el gobierno reafirma su intención de regular de forma sistemática los ingresos y gastos y gestionar la distribución de los fondos públicos. Entre las prioridades figura el incremento del salario mínimo interprofesional en 2027, manteniendo la tendencia de aumento de las retribuciones: desde 2018 el salario mínimo ha crecido un 60 %, hasta alcanzar los 1.184 euros mensuales.
Reformas en la legislación laboral y social
El Ministerio de Trabajo prepara cambios en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y una reforma del Código Laboral. Las nuevas normas buscan reforzar la protección de los trabajadores en caso de despido, incluyendo una revisión del procedimiento de indemnización por despido improcedente. También se prevé la aprobación de una ley sobre la democracia en las empresas, que ampliará la participación de los empleados en la gestión de las compañías. En el ámbito social, destaca el proyecto de ley orgánica contra la violencia vicaria: establece responsabilidad penal específica para estos delitos y garantías adicionales para las víctimas.
Lucha contra la corrupción y nuevos estándares de transparencia
En el marco de la estrategia anticorrupción, el gobierno presenta a debate una ley orgánica de integridad pública. Entre las novedades se encuentra la creación de una agencia independiente de ética y transparencia. En el ámbito sanitario, se prepara la actualización de la Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios: las autoridades pretenden optimizar el gasto en fármacos y tener en cuenta la experiencia de la pandemia. Además, por primera vez, una sola ley reunirá la lucha contra todas las formas de trata de seres humanos, incluida la explotación laboral y el trabajo forzoso.
Directivas europeas y plan de recuperación
Un tercio de las nuevas normativas está relacionado con los compromisos ante la Unión Europea: 61 iniciativas adaptan la legislación europea, y 36 de ellas deben implementarse antes de 2026. El plan también incluye cinco iniciativas vinculadas al programa nacional de recuperación y resiliencia, en los ámbitos de agricultura, empleo, justicia, sanidad y pensiones. A modo de comparación, el año pasado el número de estas medidas fue cuatro veces mayor, lo que, según el gobierno, refleja la finalización de la etapa más intensa de reformas.
Según los resultados del año pasado, como señala el gobierno, el 82% de las medidas previstas fueron aprobadas o están en trámite. En comparación, en otros ámbitos las autoridades también siguen ajustando las normas; por ejemplo, la DGT ha modificado recientemente el procedimiento para renovar el permiso de conducir a los ciudadanos de mayor edad, lo que ha supuesto un avance importante para muchos residentes del país.
