El Ministerio de Transportes exige devolver las compensaciones a las víctimas del accidente en la línea Madrid–Sevilla. El Ministerio de Transportes ha presentado una solicitud judicial para la devolución de los pagos anticipados a las víctimas del accidente cerca de Adamuz. La decisión está relacionada con la magnitud de la tragedia y la necesidad de controlar las indemnizaciones.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de España ha iniciado el proceso para recuperar las sumas pagadas a las víctimas del accidente ferroviario del 18 de enero en Adamuz (Córdoba). En este suceso fallecieron 46 personas y otras 123 resultaron heridas. Mediante la presentación de una solicitud oficial ante el juzgado de Montoro, el ministerio pide ser reconocido como «acusación particular» en la causa, para poder reclamar la devolución de anticipos de indemnizaciones en caso de que el tribunal determine la responsabilidad de los culpables.
El ministerio se basa en el real decreto del 27 de enero, que estableció las cuantías de las indemnizaciones para las víctimas de los siniestros en Adamuz y Gélida (Barcelona). Según el documento, las familias de los fallecidos pueden recibir hasta 216.000 euros, mientras que los heridos — desde 4.800 hasta 168.000 euros. El decreto especifica que el Estado tiene derecho a reclamar la devolución de los anticipos si el tribunal obliga a los culpables a pagar indemnizaciones por responsabilidad civil.
La condición de acusación particular permitirá al ministerio no solo reclamar la devolución de fondos, sino también acceder a todos los documentos de la investigación. En concreto, a los informes de la Guardia Civil y de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que previamente llegaron a la prensa sin pasar por vías oficiales. El responsable del ministerio, Óscar Puente, supervisa la situación personalmente desde el primer día, ya que bajo su gestión se encuentra Adif, operador de la infraestructura de la línea Madrid–Sevilla, donde tuvo lugar la tragedia.
Según datos preliminares, la causa del accidente podría haber sido una fisura en el raíl o un defecto de soldadura en el kilómetro 318 del trayecto. Como resultado, la tarde del 18 de enero el tren Iryo descarriló y posteriormente fue embestido por un Alvia de la compañía Renfe en sentido contrario. Esta última también quedó implicada en la investigación: el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, declaró en el Senado que la empresa fue una de las víctimas del incidente, ya que el maquinista no pudo evitar la colisión.
La pericia sobre el raíl dañado debe determinar si el defecto fue causado por un fallo de fabricación del producto de ArcelorMittal de 2023 o por un error durante la soldadura aluminotérmica realizada por Maquisaba bajo la supervisión de Redalsa y Ayesa. En los últimos meses, el Ministerio se ha enfrentado repetidamente a acusaciones de irregularidades en la reparación de la línea Madrid–Sevilla, así como a la ausencia de sistemas de detección temprana de defectos, que podrían haber identificado el problema 22 horas antes del accidente.
La tragedia en Adamuz y el accidente en la línea 4 de Rodalíes el 20 de enero, en el que falleció un maquinista, se convirtieron en tema de disputas políticas y provocaron una crisis de confianza entre pasajeros y trabajadores ferroviarios. En febrero, el Ministerio anunció inversiones adicionales en el mantenimiento de infraestructuras y un plan de emergencia para la red de Rodalíes en Cataluña.
Las cuestiones de seguridad en el transporte y compensaciones suelen ser objeto de atención pública en España. Por ejemplo, anteriormente se discutió el problema de la saturación de la ruta entre Madrid y Toledo, cuando las autoridades locales exigieron la supresión del peaje en la carretera alternativa — más detalles en el reportaje sobre las demandas de los vecinos de Toledo en la AP-41.
Para referencia: la línea Madrid–Sevilla se convirtió en la primera línea de tren de alta velocidad de España, inaugurada en 1992. Adif es responsable de la infraestructura, mientras que Renfe e Iryo se encargan del transporte. Tras la liberalización del mercado en 2020, en la línea operan varios operadores. En los últimos años, las cuestiones relacionadas con el estado técnico de las vías y el control sobre los contratistas se mantienen en el centro de atención de los organismos competentes y de la opinión pública.
