La Asamblea Educativa de Cataluña prevé movilizaciones que podrían afectar el arranque del curso 2026. El conflicto laboral entre docentes y administración sigue sin resolverse. Las demandas incluyen mejoras salariales y más recursos para la escuela pública.
El próximo curso escolar en Cataluña podría arrancar marcado por nuevas protestas y paros en los centros educativos. La Asamblea Educativa de Cataluña, que agrupa a docentes implicados en el conflicto laboral, ha confirmado su intención de mantener la presión desde el primer trimestre del año académico 2026. La decisión se tomó en una reunión celebrada en Barcelona, donde representantes de diferentes colectivos analizaron la situación y acordaron intensificar las movilizaciones ante la falta de avances sustanciales en sus reivindicaciones.
El movimiento, que ha cobrado fuerza durante el curso 2025-2026, busca consolidar una estructura de participación directa al margen de los sindicatos tradicionales. Entre las principales demandas figuran la mejora de las condiciones laborales, incrementos salariales, reducción de ratios en las aulas, más recursos para la escuela pública y un aumento de la inversión educativa hasta acercarse al 6% del PIB. Estas exigencias se han convertido en el eje de las protestas que han sacudido el sector educativo catalán en los últimos meses.
La tensión se mantiene tras un curso especialmente conflictivo, con 23 jornadas de huelga solo en el último semestre. A finales de mayo, el Departamento de Educación alcanzó un acuerdo con CC OO, UGT y Professors de Secundària (Aspepc), pero sin el respaldo del sindicato mayoritario, Ustec. Esta falta de consenso ha alimentado el malestar entre los docentes y ha impulsado la coordinación de nuevas acciones colectivas.
Las movilizaciones han tenido eco en las cuatro provincias catalanas, donde la comunidad educativa ha salido a la calle para reclamar mejoras salariales y laborales. Los docentes argumentan que la pérdida de poder adquisitivo y la creciente complejidad en las aulas hacen insostenible la situación actual. La Asamblea Educativa de Cataluña insiste en que la respuesta institucional sigue siendo insuficiente y advierte de que, si no se producen cambios significativos, el inicio del próximo curso estará marcado por paros y protestas que podrían afectar a miles de alumnos y familias.
Según datos oficiales, Cataluña cuenta con más de 1,5 millones de estudiantes en la enseñanza no universitaria y cerca de 100.000 docentes. El gasto público en educación en la comunidad representa actualmente alrededor del 4,5% del PIB, por debajo del objetivo del 6% que reclaman los sindicatos y colectivos docentes. El conflicto laboral en el sector educativo catalán se ha intensificado en los últimos años, en un contexto de inflación y recortes presupuestarios que han impactado en la calidad de los servicios públicos. La evolución de las negociaciones y la capacidad de movilización de los docentes serán claves para determinar el desarrollo del próximo curso escolar.
