Leire Díez llevó al Ministerio de Derechos Sociales un paquete de informes sobre jueces y fiscales. Entre ellos, uno señalaba al fiscal José Grinda. El material fue recibido por Alejandro Torrús, mano derecha de Bustinduy.
Leire Díez, conocida por su papel en el PSOE, entregó personalmente a Alejandro Torrús, director de comunicación y figura clave en el equipo del ministro Pablo Bustinduy, un extenso paquete de documentos con informes que cuestionan el funcionamiento de la Justicia en España. Entre los materiales, destaca un informe dirigido contra el fiscal anticorrupción José Grinda, considerado uno de los principales objetivos de la operación. La entrega se realizó en la sede del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, según ha confirmado el propio Torrús.
El responsable de comunicación de Bustinduy reconoció que Díez le hizo llegar una cantidad considerable de documentación, aunque aseguró que no llegó a leer los papeles. Según su descripción, el material incluía numerosos nombres de fiscales y referencias a episodios relacionados con el sistema judicial. No se trataba de un solo informe, sino de varios documentos elaborados con el objetivo de poner en cuestión a jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil.
El informe sobre José Grinda, elaborado junto a la periodista Patricia López antes de su fallecimiento, denunciaba supuestas irregularidades en la gestión de pruebas judiciales, implicando tanto al fiscal como a una unidad de la Guardia Civil bajo el mando del teniente coronel Basilio Sánchez Portillo. Este documento formaba parte de una estrategia más amplia de Díez, que ofrecía acuerdos a investigados como el comisario Villarejo a cambio de información relevante para sus propios fines.
La entrega de estos informes no se limitó al Ministerio de Derechos Sociales. Díez también trasladó el mismo material a otras instancias del Estado, como la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y a Diego Villafañe, entonces persona de confianza del fiscal general. En todos los casos, el objetivo era activar denuncias contra Grinda y otros miembros del aparato judicial. La comunicación entre Díez y Torrús, reflejada en mensajes de WhatsApp, muestra que la entrega de los documentos era el eje central de su contacto, con Díez insistiendo en el seguimiento del material y Torrús pidiendo más tiempo para revisarlo.
Este episodio se produce en un contexto de creciente tensión política y mediática en torno a la gestión de casos judiciales y la transparencia en las instituciones. La publicación de informes y la circulación de denuncias internas han sido motivo de debate en los últimos años, como se refleja en otros casos recientes donde la presión sobre el Gobierno y sus socios ha sido intensa, tal como se analizó en un reportaje sobre las acusaciones de corrupción que afectan al Ejecutivo.
En el sistema judicial español, la figura del fiscal anticorrupción juega un papel clave en la investigación de delitos económicos y de corrupción política. La Guardia Civil, por su parte, colabora habitualmente en la instrucción de estos casos. La aparición de informes internos y la presión sobre altos cargos judiciales pueden influir en la percepción pública sobre la independencia de las instituciones. El caso de Leire Díez subraya la complejidad de las relaciones entre política y justicia en España y la importancia de la transparencia en la gestión de denuncias sensibles.
